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INTEF 2014-2017

intefSe cierra una etapa en mi vida profesional, una etapa intensa al frente del Instituto de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.  Sería difícil hacer un justo balance en el reducido espacio que ofrece un blog. Pero, llegado el momento, sí creo que es oportuno y positivo hacer un brevísimo resumen y aportar algunas reflexiones.

Estos más de tres años de actividad han dado desde luego mucho de sí. Algunos de los proyectos del Plan de Cultura Digital en la Escuela (PCDE), ya vigentes cuando llegué, han crecido, madurado y cristalizado, ofreciendo resultados y prometiendo actuar como elementos catalizadores de la transformación digital educativa que tendrá lugar en los próximos años.

Los dos proyectos que mayor impacto van a tener en el ámbito de las tecnologías educativas son, en mi opinión, el Proyecto de Conectividad Escolar, y el Marco Común de Competencia Digital Docente.

En cuanto al primero, luego renombrado como «Escuelas Conectadas», nació en 2013, presentada en el Informe CORA y desarrollada luego en la medida CORA 3.00.009.2. Pero a finales de 2014 se lograron dos hitos importantes: la evaluación detallada de la situación y necesidades de conectividad en centros escolares, gracias a la colaboración de todas las Comunidades Autónomas, y la financiación necesaria, estimada en un total de 330 millones de euros. Gracias a ello, y a la colaboración de los ministerios de MECD, MINECO y MINETUR se pudo  firmar del Convenio Marco «Escuelas Conectadas» el 30 de marzo de 2015, luego completado ese mismo año con la firma de los siete convenios con las CCAA de La Rioja, Murcia, Galicia, Asturias, Canarias, Andalucía y Castilla La Mancha.

En total, 140.108.800 euros para dotar de conectividad de banda ancha ultrarrápida a 7.365 centros educativos 2.391.437 alumnos.

Convenios que están ya, en su mayor parte, en fase de implantación de las redes y servicios contratados, y que junto con los nuevos convenios que probablemente se firmen antes de finales de año, van a dar el salto cualitativo necesario para hacer realidad la utilización día a día en las aulas de las posibilidades que ofrecen las TIC para la educación.

El proyecto de conectividad escolar fue presentado en el Global Simposium for ICT in Education 2014 en Corea del Sur, recibió el Premio ASLAN 2016 como mejor proyecto de transformación digital en la categoría eEducation, así como el Premio Comunicaciones HOY en la categoría educación en 2017.

Debo detenerme aquí, momentáneamente, para reflexionar sobre la importancia de este proyecto. Hasta ahora, las inversiones en tecnologías educativas se habían centrado en los dispositivos, alcanzando una tasa de un ordenador por cada tres alumnos, que se mantiene estable en los últimos años. Pero hoy día, el foco de las TIC se ha trasladado desde el dispositivo a la red, al haberse generalizado el uso de teléfonos móviles, y tabletas, y gracias a la maduración de las plataformas Cloud que permiten gestionar la información de forma ubicua e independiente del dispositivo.

Muchos de los centros escolares españoles ya disponen de conexiones de fibra de alta velocidad. Por eso el proyecto de conectividad se dirige sobre todo a aquellos centros que aún no disponen de ella, y que difícilmente podrían conseguirla aunque quisieran, al no haber prevista una oferta de alta velocidad por parte de los operadores de telecomunicaciones, sobre todo en zonas rurales y de baja densidad de población. Además, las instalaciones de comunicaciones dentro de los centros educativos se han realizado sobre todo para un uso ocasional de las TIC en el Aula, garantizando principalmente la conectividad del PC del profesor, pero no de los dispositivos de los alumnos. El proyecto de conectividad logra pues evitar la brecha digital geográfica, y hacer realidad el uso diario por parte de los alumnos de la TIC en el aula.

En cuanto al Marco Común de Competencia Digital Docente, presentado y publicado por primera vez en 2014, ha venido siendo aplicado desde entonces en el diseño y ejecución de las acciones formativas del INTEF y de muchas Comunidades Autónomas. Ha sido propuesto como base para proyectos europeos como MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy). Ha continuado su desarrollo, publicándose recientemente dos nuevas versiones: MCCDD 2017 , y MCCDD septiembre 2017. Se ha implantado una plataforma de gestión del Portafolio de la Competencia Digital Docente,  que permitirá su reconocimiento en base a insignias digitales. Y por supuesto se ha realizado siempre en colaboración con las CCAA y con los organismos internacionales como JRC que se ocupan de los desarrollos del Marco de Competencia Digital del Ciudadano y otros relacionados, como el Marco Europeo para las Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes. Incluso fue propuesto recientemente, en este mismo blog, como la base de un hipotético Marco de Competencia Digital del Funcionario.

El MCCDD es, como ya he dicho, el otro pilar (junto con la conectividad) en los que se puede asentar la futura transformación digital de la educación. Bien es verdad que desde un aspecto muy diferente, pero igualmente importante que ella, para lograr las mejoras educativas que las TIC pueden ofrecer.

El PCDE de 2014 contenía además otros tres proyectos troncales, que sin duda no han alcanzado tanto éxito, por diferentes razones. Dos de ellos eran proyectos dedicados al fomento de los Recursos Educativos Digitales, y un tercero al desarrollo e implantación de los servicios de Interoperabilidad Educativa.

El proyecto PROCOMUN educativo se configuró sobre la base del proyecto anterior AGREGA, añadiéndole las capacidades de red social y web semántica. Sobre una base de más de 88.000 Recursos Educativos Abiertos (REA), no ha logrado todavía un uso generalizado de la comunidad educativa, probablemente por limitaciones de estabilidad y rendimiento, quizás heredados de la plataforma Agrega sobre la que se apoya, y por un diseño muy técnico que necesita una pronunciada curva de aprendizaje por parte del docente.

El Punto Neutro de Contenidos Educativos de Pago, tras los dos años de implantación y operación de los servicios, finalizó al concluir el contrato formalizado con el proveedor tecnológico. En este caso, la tecnología funcionó correctamente, pero no se consiguió generalizar su uso, quizás por las dificultades del complejo modelo de negocio que debe intervenir en el proceso de transformación del libro de texto en papel hacia el libro de texto digital. Situación que por otro lado no es exclusiva de España, ya que tampoco en ningún otro país, al menos que yo conozca y que tenga una situación comparable a nosotros, se ha encontrado con la «piedra filosofal» que consiga ofrecer un modelo que funcione para realizar esta transición.

Por último, el proyecto de Interoperabilidad Educativa se diseñó y construyó para cubrir la necesidad de agilizar, abaratar, y mejorar la calidad de los procesos de movilidad de profesores y alumnos en el territorio nacional, cuando se trasladan entre comunidades autónomas. Gran parte de los trabajos realizados han consistido en la estandarización de los expedientes académicos de alumnos y profesores, además de la implantación de una funcionalidad adicional para otorgar a los alumnos un número de identificación educativa necesario, al no tener todos disponible el número de DNI, como sí ocurre con los mayores de 14 años. Quizás en el caso de este proyecto no se haya sabido argumentar suficientemente los beneficios del mismo, pero es indudable que en un futuro no muy lejano será una necesidad ineludible, no solamente a escala nacional, sino también internacional.

En 2014 se incorporó al PCDE el proyecto eTwinning. Se trata de un proyecto europeo que se creó en el año 2006, y que desde entonces ha mantenido una tasa de crecimiento sostenida, llegando a ser considerado caso de éxito a nivel mundial, como así lo reconoce el informe Horizon 2015 sobre Enseñanza Primaria y Secundaria.

A diferencia de los anteriores, este proyecto se dirige a obtener resultados prácticos educativos mediante el uso de la tecnología, a través de una plataforma colaborativa, y gracias al apoyo activo de un importante equipo de profesionales, configurado como el Servicio Nacional de Apoyo (SNA) de eTwinning, en cada uno de los países participantes, y con un equipo central que coordina la organización European Schoolnet.

Con actualmente un total de 513.525 profesores, 188.842 centros escolares, y 65.903 proyectos, que en el caso de España son 16.231 proyectos, 41.851 docentes, y 13.541 centros, no cabe duda de que constituye la punta de lanza y el ejemplo a seguir de lo que entendemos como aplicación efectiva de las TIC en la educación.

En materia de educación abierta se ha continuado y expandido el proyecto La Aventura de Aprender, en colaboración con RTVE, y desde el CEDEC en Mérida, se realiza una notable labor en el desarrollo de dos excelentes productos de educación abierta: el Proyecto EDIA para la elaboración de recursos curriculares abiertos y digitales, y el proyecto eXeLearning, herramienta de código abierto para la creación y modificación de los recursos educativos digitales.

No debo concluir este resumen sin hablar de la evolución de la Formación del Profesorado y de los proyectos de experimentación educativa que han sido iniciados en los últimos años en el INTEF.

La formación del profesorado en España es hoy competencia directa de las CCAA, pues los docentes de los centros públicos no universitarios son personal propio de cada respectiva CA. Por este motivo la formación reconocida del INTEF (que se certifica mediante horas de formación y se anota en el Registro de Formación del Profesorado) se ha venido gestionando a través de la Ley de Subvenciones, al considerarse dicha formación como una subvención en especie.

Con el objetivo de ofrecer una formación innovadora y con gran nivel de escalabilidad, y por lo tanto de rentabilidad, en 2014 se comenzaron a ofrecer cursos de formación abierta basados en el concepto MOOC (Massive Open Online Course). Dicha formación, no reconocida oficialmente en horas de formación, ha tenido sin embargo un gran éxito por el elevado número de inscripciones realizadas, que superan notablemente las de los cursos tutorizados.

La evolución de las estadísticas de los MOOC del INTEF muestran sin lugar a dudas un crecimiento importante de las inscripciones desde 2015 hasta la actualidad, así como una mejora de las tasas de finalización y obtención de insignias digitales de dichos cursos, que ha mejorado gracias a la aparición de nuevas modalidades de formación como los NOOC (Nano Open Online Course) y los SPOOC (Self Pace Open Online Course). Esta oferta formativa se ha completado este mismo año con el lanzamiento de la APP EduPILLS, que fue premiada con el Open Awards 2017 en la categoría educación.

Además, para complementar la formación en línea con actividades de formación presencial se organizan cada año los Cursos de Verano en colaboración con la UIMP, así como el programa de Estancias Profesionales para profesores que intercambian experiencias con otros profesionales de más de 10 países europeos.

Siguiendo esta estela de impulso a la transformación y a la experimentación en el campo de la aplicación de las TIC en la educación, se inició en 2016 y 2017 la participación en varios proyectos de experimentación, realizados en el marco de la cooperación internacional, y siempre con la participación activa de las Comunidades Autónomas. Así podemos destacar el proyecto SCIENTIX para la promoción de la enseñanza de las ciencias en Europa, el proyecto Teachup para mejorar la formación de los docentes, el proyecto MASDIV para apoyar a los profesores de matemáticas y ciencias en gestionar la diversidad la enseñanza y los valores fundamentales, y el Aula del Futuro, un espacio de experimentación para visualizar la forma en que las aulas actuales pueden reorganizarse para promover cambios en los estilos de enseñanza y aprendizaje.

Debo concluir aquí, por simple economía de la atención, aunque me dejo muchos muchos otros proyectos y actividades en el tintero, porque sería un relato casi interminable.

Pero no querría despedirme sin hacer una última llamada a los principios que figuran en la portada de Educalab: Conoce, Conecta, Crea, Comparte, Colabora. En el mundo del Siglo XXI estos valores son si cabe más importantes que nunca. Potenciar el trabajo en equipo, siempre cultivando la diversidad positiva que debe haber en un buen equipo de trabajo, es probablemente la mejor garantía de éxito en cualquier empresa que se inicie.

En el INTEF queda un gran equipo, que estoy seguro seguirá adelante con el objetivo de mejorar la educación española, gracias a las tecnologías educativas y a la formación del profesorado.

Por mi parte, debo decir que he disfrutado del privilegio de aprender cada día algo nuevo, de tener la oportunidad de trabajar con un equipo de profesionales entusiastas y comprometidos, y de aportar mi granito de arena a un campo con tanto potencial como es la educación en un mundo en constante transformación.

Llegados a este punto, no diré aquello del «hasta siempre» que parece interpretarse como un «hasta nunca» sino un simple «hasta la próxima». Seguiremos en contacto.

 

 

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La competencia digital del funcionario

No hace mucho seguí con interés un debate en Twitter sobre las capacitaciones digitales de los funcionarios, específicamente en los procesos selectivos (oposiciones) de incorporación a la carrera profesional, a raíz del artículo «La brecha digital en los procesos selectivos de personal. Cuando las oposiciones entierran la tecnología» de Sergio Jiménez publicado en www.LegalToday.com. En dicho debate planteaba la posibilidad de aplicar el mismo proceso llevado a cabo en educación para la elaboración del Marco Común de Competencia Digital Docente (MCCDD), para conseguir un marco de referencia (una definición, en suma) de competencias digitales que serían utilizables y exigibles, en según qué casos, para los procesos selectivos y para las promociones de los empleados públicos.

En este artículo voy a intentar concretar un poco más dicha propuesta.

Para empezar, el ámbito de las competencias digitales es un campo nuevo, en el que hay mucha actividad. No hay un único marco de referencia, pues en el ámbito de la educación, la UNESCO también tiene su propia propuesta: «Marco de competencias de los docentes en materia de TIC de la UNESCO«. Otras organizaciones como ECDL defienden su propia propuesta para la certificación de «competencias computacionales» (computer skills certification). Estos son sólo unos pocos de los numerosos que figuran en el estudio Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks de Anusca Ferrari, en el que se basó la primera versión de la propuesta europea de Digital Competence Framework for Citizens (DIGCOMP).

La definición de Competencias Digitales utilizada en DIGCOMP proviene de la Recomendación 2006/962/CE sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, y dice lo siguiente:

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.

En base a estas referencias, el Grupo de Trabajo de Tecnologías del Aprendizaje, dependiente de la Comisión General de Educación, que a su vez depende de la Conferencia Sectorial de Educación, llevó a cabo los trabajos de la elaboración del Marco Común de Competencia Digital Docente, publicado por primera vez en el blog de Educalab en 2014.

Al igual que el mundo digital evoluciona constantemente, también lo hace el MCCDD, y en 2017 se ha publicado una actualización, accesible en la página de Educalab dedicada a las Competencias Digitales Docentes. En esta página aparece una infografía que muestra la evolución del MCCDD desde 2012 hasta hoy.

Pero, por si mismo, el MCCDD no es sino una referencia; debe venir acompañado por las acciones que permiten utilizarlo. Así, se ha desarrollado todo un programa formativo en Competencias Digitales Docentes, que viene siendo implantado desde el INTEF desde 2014 en los cursos de formación en línea tutorizados y en los cursos de formación abierta MOOC y derivados. Es importante señalar que las competencias digitales no se aprenden en abstracto, sino de forma que puedan ser utilizadas de forma eficaz en la educación, y específicamente, en el aula, para poder aprovechar todas sus ventajas.

Del mismo modo, estas acciones formativas necesitan herramientas digitales de apoyo para ser plenamente eficaces. Así, se ha desarrollado una plataforma de emisión de insignias digitales (insignias.educalab.es), basada en Mozilla Open Badges, destinada al reconocimiento de las competencias adquiridas a través de los cursos de formación abierta antes referidos, así como una plataforma de gestión de las competencias digitales del docente estructurada según el modelo de portafolio, que estará disponible próximamente en la dirección portfolio.educalab.es. Todas las acciones relacionadas con el desarrollo de la Competencia Digital Docente se integran en la plataforma http://aprende.educalab.es/.

Paralelamente al desarrollo de estas acciones, en la Unión Europea has continuado los trabajos de evolución de la Competencia Digital del Ciudadano, que ya está en la versión 2.1, así como del resto de competencias digitales relacionadas, entre ellas la Competencia Digital Docente, que ha sido elaborada con las contribuciones del marco español, ya que fué uno de los primeros paises en disponer de ella. Un panorama de la evolución de los trabajos en este ámbito figura en la página de la UE «Aprendizaje y competencias para la era digital» (Learning and Skills for the Digital Era)

Es por lo tanto muy importante tener en mente que estamos en un campo de constante evolución, y por ello es muy necesaria la coordinación con todos los agentes, tanto a nivel internacional (principalmente, pero no sólo, la Unión Europea), como con los principales agentes educativos en España, a través de los órganos de coordinación con las Comunidades Autónomas, representados en la Conferencia Sectorial de Educación.

Hasta aquí, el camino recorrido; pero por supuesto queda mucho camino por recorrer. Aún tenemos pendientes el desarrollo de los aspectos legales y de certificación de la Competencia Digital Docente, como paso previo a su incorporación al currículo del docente, tanto en su formación inicial como en su formación continua; la incorporación de las competencias digitales en el currículo escolar de los alumnos; así como la incorporación de las competencias digitales de forma orgánica en el centro educativo, para lo cual estamos siguiendo la propuesta de la UE sobre las Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.

Volvemos ahora sobre la cuestión inicial: ¿se pueden trasladar estas ideas para desarrollar un Marco de Competencia Digital del Funcionario?

Pero antes de responder directamente, sí que cabría reflexionar un poco sobre su necesidad y alcance. Hoy día en la Administración ya se utilizan las TIC de forma generalizada por lo que es indudable que la capacitación en su uso es una necesidad. Ahora bien, tradicionalmente la formación en TIC ha venido siendo muy instrumental, enfocada a herramientas concretas, o bien de carácter ofimático y derivados, o bien herramientas específicas desarrolladas por la propia administración para el soporte a los procesos administrativos, y por lo mismo, muy específicas del entorno o proceso concreto y poco escalables y ampliables a otros entornos. Este enfoque puramente instrumentalista no permite aprovechar mucho las capacidades de transformación (mejor dicho, de mejora gracias a la transformación) de las TIC. Además tampoco fomenta el reaprovechamiento de los aprendizajes realizados en un entorno determinado para otros entornos diferentes.

Por otra parte, los procesos selectivos de incorporación de nuevos profesionales a la administración, generalmente oposiciones, deberían valorar las posibilidades de los candidatos para utilizar las TIC en su futuro trabajo, en el sentido definido por la Recomendación de la UE sobre las Competencias Clave. Dado que ya existen referencias concretas en el ámbito europeo sobre lo que se entiende por Competencia Digital, concretadas en el marco DIGCOMP, parece bastante natural que los funcionarios estén preparados para trabajar con dicho marco. Y además, dado que se están dando importantes pasos para incorporar dicho marco en la educación, parece bastante probable que en un futuro no muy lejano dispongamos de una población suficientemente preparada en competencias digitales para poderlas exigir, también, en los procesos selectivos de incorporación a las diversas administraciones.

Dicho esto, también será importante entrar en algunos matices. Para empezar, no se pueden, ni se necesitan, las mismas competencias digitales en unos puestos de trabajo que en otros; por eso, el MCCDD está estructurado en niveles, seis actualmente, a semejanza del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. De este modo, cada oposición puede establecer el nivel necesario en competencias digitales de los candidatos, de forma proporcional a los cometidos a desarrollar. Igualmente, tanto los programas formativos de los funcionarios como las convocatorias de concursos de promoción, pueden definirse en torno a esos niveles.

De especial interés es el tratar las competencias digitales de los niveles directivos de la Administración. A nadie se le oculta que una de las principales claves del aprovechamiento de las TIC en beneficio de la Administración pasa por la apropiada preparación de sus directivos. También aquí podemos aprovechar las iniciativas realizadas en educación; actualmente, y a raíz del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, define las características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, es necesario, para poder ocupar un puesto directivo en un centro educativo, la realización de la formación directiva y la acreditación de haber superado dicha formación. Y en dicha formación, las competencias digitales deben ocupar un lugar preponderante. Por lo tanto, a través de este mecanismo, lógicamente tras un periodo de tiempo suficiente (el RD 894/2014 fija un plazo de cinco años), podemos empezar a esperar a disponer de directivos adecuadamente preparados para dirigir las unidades administrativas con las necesarias competencias digitales para realizarlo.

Resumiendo, la definición de un Marco de Competencias Digitales para Funcionarios parece no sólo posible, sino necesario. El camino seguido por el Marco de Competencia Digital Docente parece una buena referencia, y sin ser único ni inamovible, demuestra, en mi opinión, que se puede hacer para todo empleado público. Aunque también ofrece algunas pistas que nos pueden ayudar a llevarlo a cabo con éxito:

  • Elaborado y mantenido en colaboración con todas las administraciones implicadas, especialmente las autonómicas y las europeas.
  • Reconocido mediante la publicación en los respectivos diarios oficiales que sean de aplicación.
  • Asociado a los programas formativos adecuados, tanto en las formaciones iniciales que permiten presentarse a las oposiciones y concursos, como en los programas formativos internos de las administraciones y las correspondientes incorporaciones en los perfiles profesionales de las plazas ofertadas.
  • Implantado mediante las plataformas tecnológicas de soporte adecuadas para facilitar el reconocimiento, evolución, y desarrollo de las competencias digitales de los funcionarios.
  • Con especial hincapié en la preparación en competencias digitales de los directivos públicos, con acciones específicas dirigidas a su formación y reconocimiento.

Esta sería mi propuesta. ¿Opiniones?.

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Educación Mejora de la Administración Servicio Público

Conectividad para mejorar la Educación

Esta mañana se ha firmado en La Moncloa el Convenio Marco de Conectividad Escolar, que tiene como objetivo principal que todos los centros docentes de primaria y secundaria españoles dispongan, entre 2016 y 2017, de conexión a Internet y a las redes educativas autonómicas y estatales, a una velocidad mínima de 100 Mbps.

No se trata de un proyecto nuevo. En 2013 ya figuraba como una de las principales prioridades del Plan de Cultura Digital en la Escuela, y en ese mismo año, el Informe CORA la incluía en las medidas propuestas por la Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios comunes.

En 2014, la Agenda Digital para España establece un eje específico dedicado a la Educación Digital, centrado en potenciar la mejora del sistema educativo a través de las TIC, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo de productos y servicios para la educación por parte de la industria TIC. En el Plan Detallado de Servicios Públicos Digitales dice:

En el ámbito de la Educación debe ponerse a disposición de los centros educativos el acceso a redes de banda ancha ultrarrápidas para obtener una conectividad de los centros escolares completa, condición necesaria para implementar las plataformas de punto neutro que soporten los contenidos educativos que contribuirán a la mejora de los resultados a alcanzar en materia de formación en capital humano. A ello van destinados el impulso en estándares y formatos, así como los entornos virtuales de aprendizaje y plataformas digitales que faciliten el uso de contenidos educativos y recursos didácticos por parte de toda la comunidad educativa.

¿Porqué es necesario abordar este proyecto?. Muchos de los centros escolares españoles ya disponen de conectividad a Internet, pero en su gran mayoría se trata todavía de conexiones ADSL. Una conexión como la que tenemos en muchos hogares españoles que puede ser adecuada para un uso ocasional, y por un numero reducido de usuarios, pero que de ninguna manera es suficiente para un centro escolar, sobre todo si queremos llevar la conexión hasta cada pupitre y cada alumno.

El debate sobre la eficacia de la aplicación de las TIC en el aula es un debate hoy día ampliamente abierto. Sin embargo hay coincidencia generalizada en que esa aplicación por si misma no es suficiente para mejorar la educación: ha de venir acompañada de la disponibilidad de productos y servicios digitales, ha de ser encauzada a través de nuevos métodos de aprendizaje que las tecnologías hacen posibles, como el aprendizaje basado en proyectos, los entornos personales de aprendizaje, la ludificación del aprendizaje, la clase invertida o las analíticas de aprendizaje; y por supuesto y en primer lugar necesita unos docentes adecuadamente preparados y motivados para aplicar estos métodos con la utilización de las TIC.

Pero lo que no cabe duda es que, sin las infraestructuras apropiadas, sólidas, eficaces, funcionales, y, esencialmente «invisibles», no podremos hablar de si las TIC ayudan o no a mejorar la educación; hablaremos en todo caso de experimentos o expectativas. Pero ya es hora de que la educación se alinee con el mundo en que vivimos. En España, el uso de los dispositivos conectados a Internet ya es habitual, en las empresas, en las casas, y en las Administraciones. En las aulas, todavía no.

Este proyecto no viene a reemplazar las iniciativas ya en marcha para dotar de conectividad ultrarrápida a las escuelas que varias Comunidades Autónomas han empezado ya. Se trata de una acción complementaria que se enfoca sobre todo en las zonas en las que, por su baja densidad de población, no hay despliegue de fibra óptica ni tampoco hay planes para un futuro próximo. Permitir que los medios TIC lleguen a unas escuelas sí y a otras no, crearía una nueva brecha digital en el lugar donde sus efectos son más drásticos, en las escuelas rurales y en los alumnos más jóvenes.

Así, el desarrollo de este proyecto va necesariamente unido a la cooperación con las CCAA, la cual sin duda será específica y particular en función de las infraestructuras y planes ya existentes en cada caso, pero con el objetivo común de la cobertura digital de calidad en el 100% de los centros escolares.

Siempre he sido amigo de las cifras, y en este caso daré unas pocas. En primer lugar, el coste del proyecto por centro, que resulta de dividir los 330 millones de euros entre los 16.500 centros, es de unos 18.000 euros en promedio. O lo que es lo mismo, unos 50 euros por alumno, si prorrateamos sobre los 6,5 millones que alcanza el proyecto. Lo cual francamente no me parece caro. Y tampoco si comparamos este importe con los 46.605 millones de euros que, según las estadísticas del MECD, supuso el gasto público en educación en España en 2012. Así, los 330 millones de euros, a distribuir en dos años, supondrían sólo el 0,35% del gasto anual en educación.

Conseguir que la educación mejore es tarea de todos. En esa mejora, la tecnología debe jugar un papel imprescindible, no como fin, sino como medio habilitador de las transformación educativa, del mismo modo que está contribuyendo a la transformación acelerada del mundo en que vivimos.

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Sobre leyes, empleados públicos, ética profesional, y tecnología

La ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia.

Esta es la definición de la Wikipedia. En la Constitución Española, la palabra Ley aparece 165 veces, y Leyes, 37. Las leyes son unos de los pilares de nuestra sociedad, como dice el Artículo 10 :

  1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
  2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Ahora bien, como la sociedad está compuesta de muchas personas diferentes, es normal que no haya ninguna ley que sea del gusto de todos. No solo eso: todas las leyes pretenden un beneficio social, pero es obvio que por su mera existencia no sólo producen beneficios sociales, sino también perjuicios. Los beneficios producidos por las leyes deberían ser siempre superiores a los perjuicios, y así creo que es generalmente, pero esto como lo anterior siempre es opinable, y por lo tanto existirán opiniones de determinadas personas de que los perjuicios superan a los beneficios en determinadas leyes.

Esto es así y no es malo. Una de las libertades fundamentales del estado de derecho es la libertad de pensamiento y también la libertad de expresión (siempre con el límite del respeto a los derechos de los demás). Pero que uno opine en contra de una ley no le da derecho a incumplirla. Si hacemos eso, rompemos la baraja y el estado de derecho se va al cuerno.

Una segunda cuestión es que ninguna ley es perfecta sintácticamente (gracias Javier Badía por ayudarnos a redactar mejor las leyes) ni tampoco semánticamente, por lo que siempre caben interpretaciones, existiendo incluso contradicciones entre lo que disponen unas leyes y otras. Esta imperfección está en relación directa con la complejidad, y es el motivo por el que, en mi opinión  para tener mejores leyes hay que tener menos leyes, invirtiendo la tendencia actual de inflación legislativa: cuantas más leyes peores son, y menos consiguen su fin de ordenamiento social.

Pero a la postre las leyes hay que aplicarlas. TODOS tenemos que aplicarlas. El estamento último responsable de su aplicación es el Sistema Judicial, al cual se acude (se debería de acudir en última instancia) para decidir sobre la aplicación de las leyes.

Tampoco el sistema judicial es infalible. Como todo lo humano. Aunque se le presume una mayor competencia en su función que al resto, y por ello las decisiones judiciales hay que respetarlas, incluso aunque no estemos conformes con ellas. Resulta una falacia afirmar que algo es verdad porque lo dice un juez, cosa que se hace habitualmente, pero respetando las opiniones en contra, lo que es cierto es que esas decisiones deben ser acatadas por los afectados porque es parte del sistema en el que convivimos.

El sistema judicial es bastante complejo, y no incluye sólo a la Administración de Justicia, y de Interior, sino a un importante conjunto de profesionales que no forman parte de la Administración: abogados, procuradores, etc. Los procedimientos judiciales pues se desarrollan en medio de un entramado de fases, instrucciones, sentencias y recursos, que siendo probablemente necesarios para hacer valer las garantías y derechos de cada uno, ha devenido en un segundo problema, adicional al ya expresado de la imperfección de las leyes, que es la demora: demora muy alta en términos de vida de las personas, que prácticamente siempre se mide en años, cuando no en lustros. Esta elevada demora en los plazos para que la Justicia sentencie hace que no sólo pierda eficacia, sino también genera efectos colaterales indeseados, que a veces rozan la injusticia al aplicarse las leyes en situaciones que han cambiado completamente desde el momento en que se produjeron los hechos juzgados.

Y, aprovecho para decir, en el caso de las leyes que afectan o son afectadas por la tecnología, el cambio tecnológico es tan rápido que con frecuencia las leyes se quedan anticuadas y obsoletas en plazos más cortos que el lustro o lustros que pueden llegar a tardar los sistemas judiciales en resolver sobre los casos concretos de su aplicación. Y cuando hablo de tecnología, hablo también de los aspectos sociales de la tecnología, es decir, aquellos en los que la evolución de la sociedad ha ido pareja a la de la tecnología: Contenidos Digitales, Redes Sociales, movilidad…

Por lo tanto, es evidente, y lo ha sido siempre, que la aplicación de las leyes se realiza en muchos casos en primera instancia por los empleados públicos integrantes de órganos u organismos a los que se les encomienda expresamente la aplicación de determinada ley. Los ejemplos son innumerables, pero por decir unos pocos que conozco, la aplicación de la Ley de Subvenciones en los proyectos y actuaciones del Plan Avanza, o la aplicación de la Ley General de Telecomunicaciones en el ámbito de la gestión del espectro radioeléctrico, ambas en la SETSI o la aplicación de la Ley de Marcas, la Ley de Patentes y Modelos, la Ley de Diseños Industriales o la Ley de Topografías de semiconductores en el ámbito de la OEPM.

La encomienda en la aplicación de leyes específicas a un órgano administrativo está justificada en virtud de la eficiencia y la eficacia, es decir, para conseguir resultados en el menor plazo posible y con el menor coste posible.  Aunque, como hemos visto, las actuaciones administrativas en la aplicación de estas leyes siempre tienen el último recurso a la justicia. Pero es algo que el empleado público se esfuerza mucho en evitar pues es muy costoso y prolongado. De modo que la ética profesional del empleado público, que en primer lugar le obliga a cumplir y hacer cumplir las leyes, específicamente las que ejerce en su trabajo, además procura hacerlo con eficacia y eficiencia, no sólo porque es su obligación sino porque le genera beneficios y le evita problemas posteriores.

Generalmente (siempre hay excepciones) creo que el ejercicio profesional en el marco legal del empleado público es bastante bueno, incluso en el caso de que el empleado no le guste o no comparta la ley que le toca aplicar. Eso se llama ética profesional. Y creedme si os digo que la capacitación profesional de los empleados públicos que he conocido es altísima en este ámbito. Y también os digo que, dentro del margen que permiten las leyes, los funcionarios se esfuerzan por hacer lo que creen mejor para los ciudadanos y empresas que se relacionan con ellos en el ejercicio de sus funciones, y por producir los menores efectos colaterales indeseados en sus decisiones.

Y en esta ecuación, ¿que función desempeña la tecnología?. Como hemos dicho antes, la tecnología se caracteriza por una rápida evolución que lleva aparejada una evolución social paralela. Dada la dificultad y lentitud de los procesos legislativos y judiciales, en este ámbito es especialmente recomendable conceder mayor ámbito de actuación al empleado público, en virtud de los sempiternos principios de eficacia y eficiencia. Y para hacerlo, es especialmente importante contar con funcionarios preparados y motivados. Me consta que hay un alto nivel de preparación tecnológica, no sólo entre los profesionales TIC, sino en la mayor parte de los funcionarios.

Sería muy fácil para mi decir ahora que la motivación es el problema, pero lo cierto es que no lo pienso así. Conozco muchos profesionales excelentes que aman su trabajo, que lo hacen lo mejor que saben y pueden incluso cuando no están de acuerdo con la forma en que se hace o con otros aspectos que no les gustan. Gente que, además, cree que es necesario cambiar ciertas cosas, y que hace propuestas para cambiarlas, sin que ello les impida sacar el día a día de su trabajo. Algunos incluso tan valientes como para mantener un blog público en el que expresan sus preocupaciones, opiniones y propuestas. Gente como ésta (y sólo digo unos cuantos que se me ocurren en este momento, que son los que suelo leer):

Debo decir que, aunque en general comparto sus opiniones, no siempre es así. A veces lo comento en el blog o en el twitter, o a veces me lo callo. Pero siempre, siempre, respeto lo que opinan, en primer lugar por tener el valor de exponerlo, en segundo lugar porque se aprende más de las diferencias que de las igualdades, porque para evolucionar hay que escuchar.

Dejo para el final a Lucía Escapa, quien hace poco ha sufrido una campaña de descalificaciones personales, en la prensa digital y en twitter, como consecuencia de su inclusión en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, en referencia a un artículo publicado en su blog sobre la cuestión del Software libre en las AAPP, y que ha derivado en simplonas acusaciones en las que se pone en duda primero su capacidad para distinguir entre el mundo virtual y el mundo físico, y luego entre un enlace y el contenido enlazado.

Para empezar, debo decir que conozco a Lucía hace algún tiempo, y es una profesional como la copa de un pino. Aparte de su historial que aparece en Linkedin, ha recibido varios premios, por su carrera profesional, y por su labor en favor de la difusión y promoción de las TIC en las redes sociales. Además está colaborando más que activamente en las propuestas de la Reforma de la Administración, y el documento que presenta ASTIC a este respecto se basa en un trabajo previo que la propia Lucía publicó en su blog. Por supuesto lleva mucho tiempo ejerciendo como profesional TIC de alto nivel, y sin duda (parece hasta una ofensa tener que decirlo) conoce bien ciertos detalles básicos de la tecnología que permiten distinguir entre un enlace html y el objeto o página enlazado.

Creo que los que la critican yerran el tiro triplemente. Primero porque no es el tipo de profesional sobre el que se pueda poner en duda su competencia para aportar su conocimiento y su valía en esta Comisión. Segundo porque las ideas se defienden con argumentos y no con ataques personales. Si, en lugar de los argumentos, se recurre a la descalificación, es porque el acusador carece de otros argumentos, lo cual devalúa a los ojos de los demás aquello que defiende. Y tercero, porque, si existe la ley y el reglamento que desarrolla la sala segunda de la Comisión, y la ley y el reglamento hay que cumplirlos, más vale que cuente con profesionales altamente preparados, pues son los que mejor pueden conocer y decidir sobre los asuntos que le sean sometidos.

Lucía es una mujer valiente que defiende sus principios y se atreve a exponerlos y debatirlos en un foro abierto. Solo por eso, ya merecería un respeto.

Terminaré citando a Claudio M. Cipolla en su imprescindible obra «Las leyes fundamentales de la estupidez humana«, en concreto el corolario a su quinta y última ley:

El estúpido es más peligroso que el malvado

Así que evitad enredaros con aquellos que no muestran inteligencia, pues sólo os traerá problemas.

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Gobernanza Servicio Público

ITIL y el Arte de la Guerra

Sun Tzu dice: la guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido; y ello no debe ocurrir entre nosotros.

Hay que valorarla en términos de cinco factores fundamentales, y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales, con vistas a determinar el resultado de la guerra.

El primero de estos factores es la doctrina; el segundo, el tiempo; el tercero, el terreno; el cuarto, el mando; y el quinto, la disciplina.

La doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro.

El tiempo significa el Ying y el Yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos, y el cambio de las estaciones.

El terreno implica las distancias, y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse, y si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia las posibilidades de supervivencia.

El mando ha de tener como cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina.

Por último, la disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros, y la provisión de material militar al ejército.

Tanto ITIL como El Arte de la Guerra son sendos tratados con un conjunto de conceptos, ideas y recomendaciones, basados en la sabiduría, para conseguir un objetivo: la victoria. En el caso de Sun Tzu es la victoria militar. En el caso de ITIL es la victoria de conseguir que el servicio TI funcione y cumpla las expectativas y necesidades de los usuarios.

Muchos de los que me leen, involucrados de alguna forma en la prestación de servicios TI, seguramente le resulta familiar esa sensación: la de encontrarse en una lucha contínua, en un día a día incansable, salpicado de innumerables escaramuzas. Especialmente en los departamentos de Sistemas y Explotación, también llamados de Operaciones. En pocas palabras, los que están al pie del cañón TI. Haciendo que día a día salga la web, el correo o las aplicaciones.

Esto es y ha sido así de forma generalizada en los departamentos TI de todo el mundo, hasta tal punto que ya en los años ochenta el Gobierno Británico, tras el fracaso del Proyecto TAURUS, inició la recopilación de un conjunto de buenas prácticas para la creación, operación y gestión de los servicios IT a la que dió el nombre de ITIL, que ya va por su versión 3.

Pero es que el paralelismo entre estos dos tratados va bastante más allá que una mera coincidencia formal. Las cuestiones de fondo también son similares. Así por ejemplo, en los cinco factores primordiales que señala Sun Tzu, podemos encontrar gran paralelismo en ITIL:

  • La doctrina, que también podemos entenderla como influencia moral o espíritu de misión. Es la creencia de que aquello que hacemos está bien, que es útil, que tiene un sentido. En el caso de los Servicios TI, el objetivo de ITIL es asegurar la entrega de valor a los clientes, integrada por sus dos componentes, utilidad y garantía del servicio.
  • El tiempo, el clima, la meteorología. En otras palabras, las circunstancias. La existencia de factores circunstanciales es un hecho, y debe ser tenido en cuenta siempre que se presta un servicio. En otras palabras, el servicio tiene que ser adaptable a las circunstancias, o si no cuando cambien el servicio será ineficaz y fracasará. ¿Cómo lo contempla ITIL?. Mediante el mecanismo de realimentación que denomina Ciclo de Mejora Contínua, que para funcionar precisa siempre de un proceso de medición y evaluación: lo que no se mide, no se puede mejorar
  • El terreno, el campo de batalla. Para ITIL, el terreno es el mercado: es el sitio donde el servicio es valorado y contrastado, y donde los servicios ineficaces o ineficientes o directamente chapuceros, fracasan y mueren, siendo ocupado su espacio por otros servicios mejores. En las AAPP, no se puede hablar de competencia en el mercado como tal, ya que ese concepto se aplica generalmente a las empresas. Pero es igualmente válido el hecho de que existe un espacio de servicios públicos, que se prestan al ciudadano, y que es en ese punto, en el punto de contacto con el ciudadano, donde el servicio se la juega: éxito o fracaso. Y no es totalmente cierto que no haya competencia, muchos servicios públicos tienen competencia de los servicios privados, o incluso de otras administraciones.
  • El mando; está claro lo que implica el mando, la jefatura: Gobierno. En ITIL se distinguen dos tipos de procesos, los procesos operacionales y los procesos de la gobernanza, que incluyen los procesos de medición, información y mejora, la gestión de la demanda, la gestión del portafolio de servicios y la gestión financiera, así como la generación de estrategias.
  • La disciplina. En el ámbito militar la disciplina son las normas a seguir, los procedimientos. En el ámbito tecnológico, los estándares y las mejores prácticas. En ITIL se define un proceso como un conjunto de actividades que, a partir de un conjunto de recursos de entrada, están destinadas a conseguir un resultado determinado, que de forma directa o indirecta acaba generando un bien o servicio para el cliente. Un proceso debe estar pues claramente definido y debe poder ser medido.

Hay muchos más paralelismos entre ambas obras, que os invito a descubrir por vosotros mismos.

Para los no iniciados en ITIL, y con limitados recursos económicos, o con poco tiempo (ése que nos falta a todos), en INTECO ofrecen formación en línea gratuíta, en el Curso de Introducción a la Gestión de Servicios y en el Curso de Operación de Servicios, disponibles en la plataforma de formación de INTECO (*)

Para los que no lo conozcan, recomiendo El arte de la guerra para directivos, de Gerald A. Michaelson, disponible en Google Books.

Voy a terminar parafraseando a Sun Tzu : 😉

Las Tecnologías de la Información son de vital importancia para las Administraciones Públicas; es el dominio del ser o no ser, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del papel que deben desempeñar las Administraciones ante la sociedad: es forzoso manejarlas bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que les concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta al servicio que deben prestar las Administraciones a la Sociedad; y ello no debe ocurrir entre nosotros.

(*) Postdata a fecha 6 de junio: acabo de enterarme, por un correo, del robo de datos de la plataforma de formación on-line de INTECO que recomendaba en el enlace de arriba. ¡Qué lástima!. Lo siento por aquellos que, haciendo uso de la información, os hayáis registrado, y también por los que tuvieseis interés en hacerlo. Esperemos a que se aclare qué ha pasado… pero no cabe duda de que, como decíamos al principio, seguimos en guerra.

Para más información: INTECO informa del robo de datos de su Plataforma de Formación online http://bit.ly/iJ67Tu

 

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Mejora de la Administración Servicio Público

De las cosas que el ciudadano no entiende: el I.V.T.M.

Hoy me ha llegado la carta del Ayuntamiento de Madrid con el requerimiento de pago de algo denominado Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,  I.V.T.M. para los amigos. Al abrirlo me he llevado un pequeño susto: a pagar 137 euros del ala. Acabo de cambiar de coche, y el impuesto del año pasado recordaba que era algo así como 65 euros. El coche es prácticamente igual al anterior: misma marca y modelo, aunque con un motor ligeramente mayor que el anterior: 1700 cc.

La explicación parece estar en la parte trasera del requerimiento de pago, que muestra una tabla como ésta:

CVF Tarifa
De menos de 8 caballos fiscales 22 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 64 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 137 €
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 175 €
De 20 caballos fiscales en adelante 224 €

Y, efectivamente, resulta que el nuevo vehículo tiene exactamente 12,01 Caballos de Vapor Fiscales (CVF) tal y como he comprobado en la ficha técnica, por lo que no me puedo quejar, al menos en la forma: el requerimiento es legal.

De todos modos, y con sinceridad, me ha dolido bastante pagar ese incremento de 73 euros por los tan solo 0,02 CVF más que tiene el motor de mi nuevo coche, así que he hecho unas pequeñas averiguaciones, que expongo a continuación.

Para empezar, la famosa y misteriosa medida del CVF no es, como a priori pudiera parecer, una medida de potencia, sino de capacidad (cilindrada) del motor. La potencia del motor, que también viene en la ficha técnica del vehículo, se mide en Kilowatios. La medida de fuerza Caballos de Vapor (CV) ya está en desuso, pero de todos modos los Caballos Fiscales no tienen una razón directa con la potencia, ya que intervienen otros factores como el tipo de combustible, la tecnología del motor, etc.

Así que, yo me pregunto (primera pregunta):

  • ¿Porqué no usar para aplicar los impuestos la potencia real de los coches, que es conocida y figura en la ficha técnica del vehículo en Kilovatios (como se hace en otros países), en lugar de los CVF, una medida poco científica y obsoleta?

En realidad, se entiende que el objeto de los impuestos sobre los vehículos debe ser de alguna manera que los poderes públicos recuperen en cierto modo el coste que las infraestructuras y servicios que el uso de esos vehículos requiere. En una ciudad como Madrid, donde la velocidad máxima permitida es en casi todas las calles de 50 Km/h, con algunas excepciones como la M-30, donde en ciertos tramos se puede alcanzar la increíble velocidad de 90 Km/h, en una ciudad como ésta, digo, la potencia del motor no marca diferencia entre unos coches y otros.

Mucho más relevante es el tamaño (volumen, longitud) por la dimensión de las vías públicas necesarias,  o de las plazas de aparcamiento, o el peso, por el desgaste del asfalto, pintura, etc. Y ya puestos, sería mucho más fácil medir el tamaño o el peso, que la cilindrada de los coches, la cual sinceramente en mi caso me la tengo que creer, so pena de tener que desarmar el motor, pieza por pieza.

También podríamos tener en cuenta para calcular los impuestos parámetros ecológicos, como la eficiencia del motor o la emisión de gases de efecto invernadero. Obviamente los coches nuevos deberían estar mejor diseñados en ese sentido, y se promovería la renovación del parque de automóviles, lo cual representa un doble beneficio.

Así que esto me lleva a la segunda pregunta:

  • ¿Porqué no usar para calcular los impuestos de los coches los parámetros reales del vehículo que determinan el coste de las infraestructuras y servicios necesarios en las ciudades, o sus parámetros ecológicos o de eficiencia energética, en lugar de su potencia?

A la postre, y admitiendo que los coches con mayor cilindrada tendrán probablemente más potencia, y que serán probablemente más grandes, admitiendo como digo esas aproximaciones, podríamos considerar plausible una escala de impuestos progresiva basada en el aumento de la cilindrada, que es la que se aplica actualmente.

Pero esta escala, en lugar de ser una escala progresiva, como lo es para otros impuestos de carácter proporcional, como el IBI, es una escala basada en tramos. Las tarifas, representadas gráficamente por intervalos, son así:

image

Si analizamos un poco los tramos definidos, vemos que parecen estar organizados en intervalos de cuatro, es decir, que cada 4 CVF se salta de tramo. Se pueden despreciar los extremos, pues coches de menos de 4 CVF prácticamente no existen (tendrían una cilindrada de menos de 600 cc), y los coches de más de 24 CVF también son excepcionales (más de 3 litros del ala de cilindrada en el motor).

En esos tramos, pues, la mediana adopta valores de 6, 10, 14, 18 y 22 Caballos Fiscales.

Para calcular el tipo impositivo, es decir, los euros pagados por cada Caballo Fiscal, dividimos la tarifa por la mediana, con lo que resulta ésta tabla:

CVF Tarifa CVF (mediana) Precio/CVF (mediana)
De menos de 8 caballos fiscales 22 € 6 3,67 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 64 € 10 6,40 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 137 € 14 9,79 €
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 175 € 18 9,72 €
De 20 caballos fiscales en adelante 224 € 22 10,18 €

O, más gráficamente, así:

image

Aquí vemos un hecho bastante llamativo, que es que el tipo impositivo del intervalo medio es muy superior a su escala anterior e incluso levemente superior al de la escala siguiente.

En otras palabras, que el impuesto de estos coches “de tamaño medio” (de unos 1700 a 2200 cc) es mayor que el del tramo “superior” (de 2200 a 2800) y casi igual al de los “supercoches” (>2800 cc).

Así que estos datos me llevan a la tercera pregunta:

  • ¿Porqué el tipo impositivo de los intervalos del IVTM no es lineal, o al menos progresivo?

Algún mal pensado podría llegar a imaginarse que esto es así porque la mayor parte de los coches actuales están precisamente en ese intervalo central, y que, claro, si aumentamos el precio del intervalo central, los aumentos de los ingresos son mucho mayores que si actuamos sobre los otros…

Pero no hemos terminado con el análisis, pues en realidad la agrupación por intervalos tiene otro efecto aún más irregular, ya que en la práctica los coches no tienen esa “potencia fiscal central” que figura en la mediana del intervalo, sino que en realidad pueden adoptar cualquier valor. Para ver el efecto, representaremos los tipos impositivos en una gráfica con incrementos del CVF de uno en uno, calculando para cada uno el precio pagado por CVF. La gráfica es la siguiente:

image

Así pues, como vemos, el tipo impositivo es claramente irregular, y cualquier cosa menos lineal o progresivo. De hecho, como hemos visto, el precio por CVF más caro lo pagan precisamente los coches como el mío, de 12,01 CVF. ¡Qué desgracia!.

Desde luego, no parece que represente ninguna dificultad el cálculo del impuesto de forma proporcional o progresiva a la potencia, pues desde hace ya tiempo no es necesario usar la calculadora o el ábaco para estas funciones: los programas que calculan y elaboran los boletines de pago de los impuestos están perfectamente capacitados para hacerlo.

A la vista de este hecho, me surge, por fin, la cuarta y última pregunta:

  • ¿Porqué no se aplica un impuesto IVTM proporcional a la potencia del coche, y se eliminan los tramos (como en el IBI) o se crean tramos progresivos, pero se calcula el impuesto de forma proporcional a la potencia (como en el IRPF)?

Son preguntas que se puede llegar a hacer un ciudadano cuando se relaciona con la Administración, que quizás tienen respuestas justas y cabales. Pero yo, que me he leído la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid y el REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, no he conseguido encontrarlas.

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Administración Electrónica Servicio Público

La OAMI: una Agencia Pública del siglo XXI

«Debemos recordar que, hoy, lo público, es útil. Y además, puede funcionar bien, como es el caso de la OAMI. Más aún: pudo no haber funcionado bien, ya que había fuertes intereses en contra. Al final, la mejora de lo público se apoya en la voluntad de las personas que lo impulsan.»

Con estas palabras abría ayer Jordi Sevilla la presentación del trabajo de Jane Fountain, Raquel Galindo-Dorado, y Jeffrey Rothschild, titulado Oficina de Armonización del Mercado Interior: La creación de un organismo público para el siglo XXI en un acto organizado por PWC.

La profesora Fountain explicó el caso de la OAMI (La Oficina Europea de Marcas, con sede en Alicante. Ver artículo en éste mismo BLOG) basándose en el modelo de análisis estratégico que busca el alineamiento entre tres factores:

  • La misión
  • La capacidad interna
  • Los apoyos externos

Las claves que señaló la profesora para alcanzar el éxito operativo en la OAMI son:

  • Foco en el núcleo del negocio («core business«) y en el cliente/usuario
  • Gestión transparente que permita la rendición de cuentas («accountability»)
  • Gestión de la calidad: análisis de procesos y medición de prestaciones
  • Incorporación de personal con elevado nivel profesional
  • Entorno de trabajo agradable, flexible, con incorporación del teletrabajo
  • Formación intensiva, con un foco especial en la gestión.
  • Autonomía de la Agencia.
  • Tecnología digital.

Algunas de estas cosas ya las sabíamos, pero está bien que nos las recuerden: es importante que sepamos bien cual es nuestro objetivo, que es fundamentalmente satisfacer a nuestro cliente, que en el caso de la OAMI son los solicitantes de marcas europeas, y también los agentes intermediarios, y centrarnos en él. Otro de los focos importantes es cuidar a los empleados: seleccionar personal lo más cualificado posible, mantenerlo continuamente formado, y facilitar su entorno laboral, flexibilizándolo, lo cual aumenta su productividad. Sé que ésto suena bastante raro en las Administraciones, donde tradicionalmente la rigidez se antepone a la flexibilidad. Pero hay que reconocer que es bastante difícil conseguir una mejora de la productividad mientras que el rendimiento del personal en las administraciones se siga midiendo, por poner, en horas de fichaje, en lugar de por el número de expedientes resueltos.

También es cierto que esa gestión por objetivos es más fácil en el caso de una Agencia, que al tenerlos mejor definidos, y disfrutar de mayor autonomía permite una organización y gestión más eficaz. Esto ilustra las razones por las que siempre hemos promovido en éste blog la creación de una Agencia para la provisión de los Servicios Públicos Electrónicos, que permitiría, manteniendo el carácter de órgano público, y por tanto las garantías necesarias, optimizar, ofrecer mejores servicios, y al tiempo conseguir mayores ahorros que con los atomizados servicios TIC actuales en las Administraciones.

Por otra parte, la OAMI no ha alcanzado este éxito sin oposición: por un lado, la oposición de las oficinas nacionales de marcas, que han visto amenazado su papel y función, sobre todo tras observar que el buen funcionamiento de la OAMI, que ha ido reduciendo progresivamente plazos y precios, se ha comido una parte del pastel del que disfrutaban anteriormente las agencias nacionales. Por otro, los propios agentes de marcas, que tradicionalmente ocupan un lugar de intermediación entre el solicitante y la administración, han visto también amenazado su papel ante la simplificación de los trámites y la gestión electrónica de los mismos.

Ante estos hechos, la postura inteligente, tanto para los agentes como para las agencias nacionales, es subirse al carro del éxito de la OAMI, asegurando la interoperabilidad técnica y semántica de sus sistemas, adoptando hasta donde puedan  su modelo de funcionamiento, y cooperando en los proyectos que actualmente lidera la OAMI para el fomento de la protección de la propiedad industrial (como el Fondo de Cooperación, o sus acciones específicas dedicadas a las PYME), convirtiendo de hecho a su potencial enemigo en un aliado.

Para terminar, me quedo con un modelo operativo, de elaboración propia, a partir de las conclusiones que la profesora expuso en la conferencia de ayer:

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Servicio Público Tecnologías de la Información

Los burros de la crisis

Se solicitó a un prestigioso asesor financiero que explicara esta crisis de forma sencilla, para que la gente de a pie entendiera sus causas.

Éste fue su relato:

  • Un señor se dirigió a una aldea y ofreció a sus habitantes 100 euros por cada burro que le vendieran.
  • Buena parte de la población le vendió sus animales.
  • Al día siguiente volvió y ofreció mejor precio, 150 por cada burrito, y otro tanto de la población vendió los suyos.
  • Y a continuación ofreció 300 euros y el resto de la gente vendió los últimos burros.
  • Al ver que no había más animales, ofreció 500 euros por cada burrito, dando a entender que los compraría a la semana siguiente, y se marchó.
  • Al día siguiente mandó a su ayudante con los burros que compró en esa misma aldea para que los ofreciera allí a 400 euros cada uno.
  • Ante la posible ganancia a la semana siguiente, todos los aldeanos compraron sus burros a 400 euros, y quien no tenía el dinero lo pidió prestado. De hecho, compraron todos los burros de la comarca.
  • Como era de esperar, este ayudante desapareció, igual que el señor, y nunca más aparecieron.

Resultado:

  • La aldea quedó llena de burros y endeudados.

Veamos lo que pasó después:

  • Los que habían pedido dinero prestado, al no vender los burros, no pudieron pagar el préstamo.
  • Quienes habían prestado dinero se quejaron al ayuntamiento diciendo que si no cobraban, se arruinarían ellos; entonces no podrían seguir prestando y se arruinaría todo el pueblo.
  • Para que los prestamistas no se arruinaran, el Alcalde, en vez de dar dinero a la gente del pueblo para pagar las deudas, se lo dio a los propios prestamistas. Pero éstos, ya cobrada gran parte del dinero, no perdonaron las deudas a los del pueblo, que siguió igual de endeudado.
  • Como el Alcalde dilapidó el presupuesto del Ayuntamiento, éste quedó también endeudado.
  • Entonces pide dinero a otros ayuntamientos; pero estos le dicen que no pueden ayudarle porque, como está en la ruina, no podrán cobrar después lo que le presten.

El resultado:

  • Los listos del principio, forrados.
  • Los prestamistas, con sus ganancias resueltas y un montón de gente a la  que seguirán cobrando lo que les prestaron más los intereses, incluso adueñándose de los ya devaluados burros con los que nunca llegarán a cubrir toda la deuda.
  • Mucha gente arruinada y sin burro para toda la vida.
  • El Ayuntamiento igualmente arruinado.

¿Resultado final?

Para solucionar todo y salvar al pueblo, el Ayuntamiento BAJÓ EL SUELDO A SUS FUNCIONARIOS.

Esta curiosa fábula, que circula por Internet, creo que refleja bastante bien lo que está pasando. Como vemos, los especuladores, con el apoyo de la banca, consiguen engañar a una buena parte de los ciudadanos. El gobierno, igualmente, la pringa, pero saca la varita mágica y encuentra la solución: actuar sobre sus propios recursos, especialmente sobre su capital humano, en la creencia (quizás fundada) de que puede hacer y deshacer a su antojo en ése ámbito que, a todas luces, considera de su propiedad, y con la creencia (quizás infundada) de que esta acción conseguirá resolver el problema.

El funcionario, que en ningún momento ha sido arte ni parte en la historia, acaba pues pagando los platos rotos.

Tanto Montaña Merchán como Andrés Nin ya han comentado las imprecisiones de varios artículos de la prensa económica que parecen orientados a crear un estado de opinión en el sentido de que las TIC en Administración son un desastre y que hay que poco menos que desmantelarla, supuestamente para entregarla en las manos de aquellos que saben de verdad cómo se hacen las cosas, adoptando un estilo de gestión «como en la empresa privada».

La tendencia a la concentración de infraestructuras TIC, así como de los servicios comunes de la Administración, es una tendencia general, que se está planteando en muchos países, (USA, Japón,…) y que lógicamente debe plantearse también en el nuestro. Pero de eso a postular gratuitamente sobre «El caos informático estatal», producido por «la ausencia de una política integrada de sistemas de información, y del uso de nuevas tecnologías basadas en cloud computing», hay mucho, mucho trecho.

En éste mismo blog hemos planteado repetidas veces las posibles acciones de mejora y optimización horizontales, que efectivamente pueden hacer uso del cloud computing, como modelo de provisión de servicios que puede generar ahorros, y aumento de la eficacia y de la eficiencia así como de la rentabilidad de las TIC en las Administraciones. También hemos dicho que todos los procesos de mejora eficaz deben ser integrales. No basta con aplicar tecnología, también hay que modificar los procesos y la propia organización, o si no las inversiones destinadas a la aplicación de las TIC no dejarán de ser un mero gasto.

Por otra parte, me resulta bastante molesta la campaña que pretende convencernos de que el problema está originado por el excesivo peso del estado, por el elevado sueldo de los funcionarios, y que hay que reducir la Administración y bajar los impuestos. Quienes esto piden son obviamente los que resultarían beneficiados (los empresarios), pero quizás también ellos deberían hacer autocrítica y ver si la empresa española está captando que ésta crisis también va con ellos, que deberían replantearse sus modelos de negocio, que deberían adoptar un modelo de empresa más basado en la innovación, aunque ello conlleve asumir un poco más de riesgo.

De modo que, SÍ a la reforma de la Administración para la mejora del Valor Social que entrega a la sociedad a cambio de los impuestos, NO a la descapitalización de la Administración para entregar la gestión de los servicios públicos en manos privadas.

Para terminar, una reflexión: decía @Alorza que la Administración sigue a la Sociedad como la sombra al cuerpo.  Pero fijaos que curioso, ahora parece que la Sociedad esté a la espera de que sea la Administración la que tome las riendas y nos saque de la crisis a todos. ¿No es un contrasentido?.

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Servicio Público web 2.0

La Gestión de la Marca en las AAPP

David Martín Morales

Seríamos Community Managers o políticos 😀 RT @alba_torres: @MauSant Qué sería de nosotros sin dudas?

Valga esta cita de ese singular mundo que es twitter a cuento de un tema que estoy estudiando, el papel del Community Manager en las Administraciones Públicas. Para ello estoy leyendo, entre otros, el excelente documento titulado La función del Community Manager, publicado por Aerco y Territorio Creativo, donde se describe esta figura:

El Community Manager (CM) es «quien se encarga de cuidar y mantener la comunidad de fieles seguidores que la marca o empresa atraiga, y ser el nexo de unión entre las necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa. Para ello debe ser un verdadero experto en el uso de las herramientas de Social Media».

El término que me llama la atención especialmente es el concepto de Marca, sea marca de empresa o marca de producto, entendida en un sentido de valor para el negocio. Seguramente este concepto, la Marca como valor para el negocio, no es suficientemente comprendido y valorado en las AAPP, y en muchos casos, ni siquiera existe conciencia de que las Administraciones tengan tales marcas.

Sin embargo, existen muchas:  Marcas asociadas a la organización, por ejemplo, la AEAT, la Moncloa, Red.es, la Seguridad Social, el INEM, o la Guardia Civil, o marcas asociadas a un producto o servicio: el eDNI, el Plan Avanza, el PlanE. Si uno se toma la molestia de buscar las marcas anteriores en el localizador de marcas de la OEPM, o bien en el buscador de la Oficina Europea de Marcas (OAMI) vemos que la situación es muy desigual. Así:

  • La AEAT no aparece registrada como marca,
  • La Moncloa está registrada como marca por una empresa de espectáculos teatrales,
  • La Seguridad Social está registrada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
  • el INEM no está registrado como marca,
  • la Guardia Civil está registrada por la Dirección General de la Guardia Civil,
  • Red.es está registrada como marca por la Entidad Pública Empresarial Red.es,
  • eDNI no está registrado como marca, ni tampoco DNI Electrónico,
  • el Plan Avanza sólo sale registrado como marca comunitaria por Spanair, como parte de la marca “Spanair Plan Avanza 2010”,
  • y por último el Plan E aparece registrado como marca por el Ministerio de la Presidencia.

Sin embargo, todos estas denominaciones de organismos o productos públicos tienen su correspondiente dominio en Internet:

A la postre, vemos que hay una notable dispersión de situaciones respecto a lo que se suele entender como concepto de marca, y la imagen corporativa en las Administraciones.

Ayuda poco a fomentar esta idea la enorme facilidad con que se crean y destruyen Ministerios y otros organismos públicos. Ya hemos comentado más de una vez el enorme gasto que esto supone, en términos de reorganizaciones, inversiones y proyectos. Pero es que además todas estas reorganizaciones suponen necesariamente una pérdida del valor de marca, y generan confusión en nuestros clientes: los ciudadanos.

Así, cuando yo entré en la Administración, el entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo fué al poco reconvertido a Ministerio de Industria y Energía. En aquella época (1996), se implantó por primera vez la página web del Ministerio,WWW.MIN.ES, así como el correo electrónico corporativo USUARIO@MIN.ES. En el año 2000, el Ministerio desapareció, siendo sustituido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, (WWW.MCYT.ES), que sólo duró cuatro años. En 2004 se reconstruyó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y se intentó recuperar el antiguo dominio MIN.ES (Ministerio de Industria…), pero la nueva dirección, quizás en honor a una política de diferenciación, decidió crear un nuevo dominio MITYC.ES, que es el que se mantiene actualmente.

Además, en el RD de Desarrollo Parcial de la Ley 11/2007, se ha fijado la obligatoriedad de que las Sedes Electrónicas se ubiquen todas ellas bajo el subdominio GOB.ES, con lo que la OEPM, por ejemplo, tiene una dirección del tipo SEDE.OEPM.GOB.ES. Aunque esta obligación ya está siendo acatada a medias: sitios como el BOE, la AEAT, o el mismo MITYC hacen reservas para la prestación de servicios relacionados con la Sede Electrónica en las antiguas direcciones, normalmente con carácter transitorio, pero «sine die» (ya sabemos que todo lo que no tiene fecha puede no llegar ha hacerse nunca, sobre todo si no tiene presupuesto).

Puede parecer que esta medida va en la dirección correcta; sin embargo yo creo que, desde el punto de vista de la gestión de la marca, el efecto es contrario al deseado. Así, ahora los organismos tendrán que gestionar dos dominios independientes, el ya existente, y el nuevo, mezclados sin mucho orden y concierto. Hubiese tenido mucho más sentido, si lo que se buscaba era una imagen de marca del Gobierno, obligar a que todos los Ministerios y sus Organismos dependientes se ubicasen dentro del subdominio GOB.ES. Pero lo cierto es que esta hubiese sido una decisión de mucho mayor impacto, mucho más lenta de implementar, y mucho mas cara, por supuesto.

Así que, aquí nos hemos quedado, sin una idea concreta del valor de la marca en las AAPP, sufriendo con frecuencia decisiones que dilapidan el valor de la marca que ha costado muchos años conseguir, y con la creencia de que estos cambios no son ni serán definitivos: muy pronto habrá otros, ya que parece que los gobernantes de turno piensan que han sido nombrados para cambiar algo, sin pararse pensar en si el coste del cambio mas el resultado conseguido es mejor que haber dejado las cosas como estaban.

Mientras no tengamos claro el concepto de Marca, y no se definan bien sus políticas de gestión, ¿Qué sentido tiene plantearse el concepto de Community Manager en las Administraciones Públicas?

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Funcionario Servicio Público

Las piedras en el ahorro de las Administraciones Públicas

Entretanto se aclaran con el reparto de las rebajas de sueldo de los funcionarios (por cierto, los funcionarios TIC pagaremos más que los otros, alrededor de un 8% de media, si finalmente se aplica la tabla que circula por los medios de comunicación, ya que los niveles de los funcionarios especializados en tecnologías de la información suelen ser de nivel 22 para arriba), bueno entretanto voy a tratar algunas de las piedras que dificultan el ahorro en las AAPP, y de los que tenemos que librarnos si queremos ahorrar de forma eficaz.

Piedra:objeto sólido, duro, pesado, lastre que impide avanzar, estorbo que molesta, … sobre todo si es una piedra en el zapato.

La iniciativa #otratijera , que me parece fantástica, ha tenido la virtud de aflorar multitud de propuestas de ahorro. Pero el ahorro verdadero, el ahorro que se consigue cuando se mejora la eficiencia, el ahorro que no supone una merma del resultado, de los servicios públicos en el caso de las AAPP, ese ahorro no es tan fácil e inmediato, ese ahorro lleva tiempo. Pero además, por mucho que queramos ahorrar, antes deberíamos considerar qué lastres e impedimentos hay que liberarse para poder hacer eficaces de verdad todas esas iniciativas.

Piedra 1: Ejecutar el presupuesto.

Desde que trabajo en la Administración, el primer objetivo del gestor ha sido, y sigue siendo, ejecutar el presupuesto. La razón esgrimida es clara: si no ejecutas todo el presupuesto, entonces se entiende que no necesitabas tanto dinero. Por lo tanto, en el presupuesto del año siguiente, se te recortará el presupuesto tanto como hayas de gastar este año. En general, un parámetro de una buena gestión ha sido el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado. En el ámbito de las subvenciones, por ejemplo, el éxito de las convocatorias se suele medir, primordialmente, por el porcentaje de fondos asignados a cada programa que resultan asignados y pagados en plazo, o sea antes del final del año. Cualquier porcentaje por debajo del 99% se considera un fracaso. Este criterio, puede llevarse incluso a su extremo, que es ejecutar más presupuesto del disponible, por medio del endeudamiento. El crecimiento presupuestario así conseguido se tiende a considerar un éxito, pues supone un crecimiento real de los fondos gestionados, año tras año. No quiero poner ejemplos pero todos los conocemos.

Pero si realmente queremos ahorrar, habría que premiar el hecho de no ejecutar completamente el presupuesto, siempre y cuando ello no resulte en detrimento de la calidad de los servicios prestados o del funcionamiento de las unidades. Incluso, en términos de eficiencia, debería premiarse el logro de objetivos en relación al presupuesto empleado para ello. De este modo se promovería de forma eficaz el ahorro, incluso la búsqueda de nuevas formas de administrar los recursos, y por lo tanto la innovación. Pero la principal dificultad estriba, como es obvio, en valorar adecuadamente los resultados conseguidos, siempre en términos de servicio público.

Piedra 2: Los cambios organizativos continuos.

Si alguien pensaba que reduciendo Ministerios se iba a ahorrar dinero, ya le digo que se quite la idea de la cabeza: todos los cambios cuestan dinero. Cuantos más cambios, más dinero. Prácticamente todos los gobiernos de la democracia han hecho al menos dos remodelaciones ministeriales por legislatura, una al principio de la misma, y otra mediada la legislatura. El ejecutivo actual ya lleva dos, la del inicio y la de 2009, y aunque no contemos como tal el recientísmo «Plan de racionalización» donde fallecieron varias Direcciones Generales emblemáticas, es ya cantada la próxima remodelación… a menos de dos meses vista.

Pero yo, que he vivido en persona varios cambios ministeriales, os aseguro que todos ellos tienen coste, y no despreciable: usualmente, se juntan trozos de unos Ministerios con otros, las Subsecretarías se parten en trozos y el resultado se vuelve a pegar con trozos de otras Subsecretarías. Los servicios horizontales sufren el mismo proceso, lo cual implica cambios en todas las infraestructuras: teléfonos, redes. También cambia la dependencia orgánica de muchas entidades dependientes, lo que implica para las mismas remodelaciones técnicas (por ejemplo el acceso a la red SARA) y en algunos casos, de contratación (por ejemplo concursos públicos de aprovisionamiento comunes para el Ministerio y sus organismos dependientes).

En muchas ocasiones hay movimientos de funcionarios: mudanzas, acondicionamiento de edificios. Los nuevos Ministerios con frecuencia carecen de infraestructuras y hay que crearlas de cero: un coste enorme. Se lleva años, al menos dos, su puesta en marcha y probablemente las cosas no rueden eficientemente hasta que pasen cuatro. Todos los procedimientos internos se resienten, lo que crea ineficiencias, es decir más gasto, y se traducen también en retrasos de las gestiones internas habituales.

Porque, además, ya nadie se cree que «éste cambio será el último»: simplemente será uno más. Todos esos costes se podrían reducir mucho si existiese un soporte de infraestructuras y servicios comunes para toda la AGE, a través de la Agencia de servicios TIC que hemos propuesto, o cualquier otro mecanismo útil que se nos ocurra. En realidad se podría pensar en una «nube de servicios comunes» que podría llevarnos a una «virtualización» completa de la AGE: de este modo los políticos serían libres de reorganizar cuantas veces quisieran los ministerios, con un coste mínimo.

Piedra 3: La improvisación

Creo que fué el Presidente del Gobierno quien dijo «gobernar también es improvisar». Efectivamente, pero es una forma cara de gobernar. Si el señor Presidente le preguntase a los empresarios cómo hacen para obtener beneficios, le contestarían que hacen un «Plan de negocio» y lo llevan adelante. La planificación es una característica intrínsecamente unida a la eficiencia; cuanta menos planificación, o lo que es lo mismo, cuantos más cambios se hacen en una planificación, de forma improvisada y repentina, peor funciona y por lo tanto más cara sale. Así, por ejemplo, si yo firmo un contrato con un proveedor por cuatro años, obtendré mejores precios que si lo firmo por uno. Firmarlo por uno me dá más libertad de improvisar, pero es mas caro. Pero lo más caro de todo es firmarlo por cuatro y luego incumplirlo, pues seguramente tendré que pagar mucho dinero a ese proveedor, o verme envuelto en una serie de pleitos judiciales.

No es que sea tan raro: en este país estamos muy acostumbrados a que los grandes equipos echen a su entrenador antes de que finalice su contrato; de hecho lo raro es ver que un entrenador finaliza su contrato completo. Y además, es que la improvisación lo que acaba llevando es a contínuos cambios, con los efectos onerosos que ya hemos comentado en la Piedra número 2. No estoy muy seguro de cómo se financian los equipos de fútbol, pero desde luego si yo fuese accionista me parecería un despilfarro todo ese dinero malgastado en contínuos cambios e improvisaciones.

Contra ésto lo mejor es elaborar planes, dotarlos de medios, ejecutarlos y evaluarlos una vez finalizados; el resultado de la evaluación debe ser el punto de partida para la elaboración de los siguientes planes. Y cada uno de estos planes debe ser realmente un plan, es decir, un conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin determinado. Estas características que no llego a ver en algunos de los más recientes planes del gobierno actual, porque puedo ver el conjunto de acciones, pero no veo mucha coordinación entre ellas y desde luego no me queda claro cuales son los objetivos y si se han alcanzado al finalizar el plan. Salvo que el único objetivo sea ejecutar el gasto: entonces sí que habrían conseguido sus objetivos, pero no el ahorro, tal como comentábamos en la Piedra numero 1.

Piedra 4: La hemorragia legislativa

Acabaré con esta piedra que ya he comentado en alguna ocasión. Cada legislatura de cuatro años nos deja un legado de cientos de leyes nuevas, muchas de ellas sustituyendo a otras anteriores, supuestamente mejorandolas o adaptándolas. Se diría que a los Parlamentarios les pagan a destajo, a tanto la ley, como si eso fuese la forma que tienen de demostrar que se ganan el sueldo.

No tengo ni idea de cuantas leyes tiene el estado central que yo deba conocer para poderlas cumplir, pero tengo la sensación de que, aunque no hiciese ninguna otra cosa al cabo del día más que leer todas las leyes que aprueba el parlamento, no daría abasto. Y eso sin contar las leyes promulgadas por mi Comunidad Autónoma, mi Ayuntamiento, ¡e incluso por la Unión Europea! que me son de aplicación.

Porque como es obvio, a mayor profusión legislativa, mayor coste para todos: para los ciudadanos que deben conocerlas y cumplirlas, y para las Administraciones (especialmente las Administraciones de Justicia, que están desbordadas) velar por su cumplimiento. La justicia, que está en entredicho recientemente, y con argumentos de peso, para mi sin embargo no tiene la culpa, al menos no la culpa en lo que se refiere a su celeridad y eficacia, pues se ha acabado regulando hasta tal punto todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, que es frecuentísimo pleitear y seguramente de forma plenamente legal, y no olvidemos que hay toda una «industria auxiliar» que rodea los juzgados que se beneficia, especialmente en tiempos de crisis, de toda esta hemorragia legislativa.

Fíjense, yo pagaría a gusto su sueldo a los parlamentarios si al final de cada legislatura hubiese la mitad de leyes que al principio de la misma, y cada una de ellas, de la mitad de extensión que las anteriores.