Varios blog, entre ellos Sociedad en Red y Administración y TIC se hacen eco de la publicación por el MAP del Plan de desarrollo de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP). Se trata de un plan muy enfocado a la consecución de uno de los mandatos expresos de la ley, el cumplimiento del artículo 6, esto es, el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, con la fecha límite del 31 de diciembre de 2009 para poder ejercer este derecho en todos los procedimientos gestionados por la AGE, y con el resto de las Administraciones «siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias».
La mayoría del Plan de Actuación está centrado en el análisis de los procedimientos existentes, cuáles están «telematizados» ya y cuáles no, agrupados por Ministerios. Hace un análisis de impacto de los 2.413 procedimientos administrativos a adaptar, destacando 155 procedimientos que concentran un 75% del volumen total de tramitación en la AGE. 48 de ellos estarían ya adaptados para su tramitación telemática. En el calendario de adaptación se abordarían en 2008 los 107 procedimientos de alto impacto todavía no adaptados, y el resto en 2009.
Hacia el final del documento se exponen una serie de medidas horizontales, entre las que hay algunas muy interesantes: Además de las consabidas SARA y @FIRMA se habla del desarrollo de Solución de archivo electrónico, plataformas de apoyo a la tramitación electrónica y de acceso a la traducción a las lenguas cooficiales, así como el desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad y el Centro de Transferencia de Tecnología y Observatorio de la Administración Electrónica.
El Plan de Actuación termina exponiendo el análisis de los recursos para la ejecución del plan: económicos, técnicos, humanos y organizativos. Para mí esta es la parte más débil del documento y también del Plan.
Con respecto a los recursos económicos, se limita a decir que las TIC crecen año a año en la AGE, siendo el crecimiento del año 2008 respecto al 2007 del 13%. Después de la congelación que se produjo entre los años 2002 y 2006, ya era hora. En una organización de uso intensivo de la información como son las Administraciones, el incremento de la inversión en TIC es un imperativo. En todo caso, no sabemos qué parte de estos presupuestos se destinarán al desarrollo de la LAECSP, lo cual para mi es equivalente a decir que no tiene un presupuesto específico, salvo quizás los 35 millones de euros que el propio MAP declara tener dedicados expresamente a este Plan. En cambio, si se hubiese abordado la creación de la Agencia de Infraestructuras y Servicios Electrónicos (AISE), si sabríamos con nitidez que presupuestos estarían dedicados a estos menesteres.
En referencia a los recursos técnicos, se vuelve a insistir en la red SARA y en los servicios construidos en torno a ésta. Una vez mas insisto en que el enfoque correcto para el desarrollo e implantación de estos servicios comunes pasa para mí por la AISE.
Con respecto a los recursos humanos, es cierto que este año ha aumentado la oferta de plazas del cuerpo superior TIC hasta ¡90!. En todo caso el Plan no entra en este aspecto. En realidad no entra en nada referente a los recursos humanos, excepto para decir que hay que hacer un Plan de Formación para todos los empleados públicos.
Por último, el aspecto organizativo se limita a la creación de un Grupo de alto nivel dependiente del Consejo Superior de Administración Electrónica, una Oficina Técnica de Seguimiento y un Grupo de trabajo Interdepartamental. Es decir, de medidas organizativas específicas nada de nada, ni la Agencia, ni las Direcciones Generales de TIC en los Ministerios, que podrían adoptarse de forma complementaria o sustitutiva de la Agencia.
Hemos perdido una oportunidad de oro para abordar, o empezar a abordar, el cambio organizativo necesario en las administraciones, oportunidad que la Ley 11/2007 abrió, y que ahora se ha cerrado. El cambio organizativo es necesario si queremos aprovechar las posibilidades de las TIC, según dice repetidamente la OCDE e insiste de nuevo The Economist en el artículo sobre el e-Government, “Government offline“, recogido por Enrique Dans en Los problemas del e-Government.
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