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Administración 1.5

Sábado, 24 noviembre, 2007

En el anterior post veiamos el largo camino que nos conduce hacia la e-Administración 1.0. Porque esta e-Administración, que yo etiqueto como 1.0, no es ni más ni menos que una evolución de las redes, sistemas, aplicaciones y servicios públicos, tecnificándolos, reemplazando medios, pero manteniendo su diseño y filosofía. Es decir, nada nuevo en el fondo, excepto un cierto perfume de modernidad.

Porque, ¿dónde estamos ahora?.

En una encrucijada.

Nuestro post “eGovernment Benchmark Survey 2007 ” se hace eco del análisis de la Comisión Europe, realizado por Cap Gemini, sobre el avance de los servicios públicos electrónicos. Quizás a algunos les puedan tranquilizar las cifras que se ofrecen sobre España (70% en disponibilidad de servicios y de 84% en sofisticación) pero a mi no me satisfacen por varias razones.

Para empezar, la situación es muy desigual. En lo que se refiere a la prestación de servicios públicos electrónicos, todos estamos haciendo cosas, pero el grado de avance y el porcentaje de disponibilidad de los trámites del órgano administrativo competente es muy variable.

Así por ejemplo, en casos de excelencia como la siempre citada AEAT, o el mismo Ministerio de Industria, y algunas de las más avanzadas Comunidades Autónomas (Cataluña, Euskadi, …), ayuntamientos con mucho músculo como el de Madrid, o el de Fuenlabrada, por poner algunos ejemplos (sé que me dejo muchos en el tintero), no cabe duda de que están en la brecha, son el ejemplo a seguir.

Pero, ¿están todas las administraciones a este nivel?. Evidentemente, no. Además, servicios básicos para el cuidadano, como el acceso a los diversos Registros (Registro Civil, Padrón de habitantes, …) y otros trámites comunes como la renovación del carnet de conducir aún no están en Internet, aunque se anuncian.

Porque no debemos olvidar que el análisis de Cap Gemini citado se ocupa sólo de los 20 servicios básicos, y que el rango de servicios que ofrecen las administraciones es muy superior. Siempre estoy a favor de los análisis comparativos, en el tiempo y con nuestros compañeros, pues tienen un importante efecto tractor. Pero en este caso a mi me gustaría ir un poco más allá.

Por ello quiero hablar del uso real de esos trámites electrónicos que hacen los ciudadanos o las empresas. En la misma página de la Comisión aparece el i2010 annual Report 2007 for Spain. Las cifras que ofrece, del año 2006, es que un 23,8% y un 58,1% de los cuidadanos y empresas, respectivamente, han utilizado los servicios de e-Administración, pero sólo el 7% de los ciudadanos de forma interactiva, y 38% de las empresas en forma intercativa (han rellenado algún tipo de formulario). Es decir, que uno de cada cuatro ciudadanos y una de cada dos empresas sabe que el Ministerio, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento que sea tiene página web y ha acudido a ella en busca de información, y probablemente la haya encontrado (no sé los datos, pero quizás sólo los hits en el BOE puedan ya dar cuenta de esta estadística) . Y sólo uno de cada catorce y una de cada tres empresas han interactuado al menos una vez al año electrónicamente con las AAPP.

De hecho, estamos en una situación de transición, que se complicará en los próximos años. Ahora para cada trámite electrónico que ponemos en línea acabamos teniendo que soportar dos caminos, el tradicional y el del papel. Esto no sólo produce más trabajo para los encargados de gestionar el trámite y de los encargados de proveer los medios para ello. También produce desajustes entre ambos caminos que es preciso reconciliar de una manera u otra. Y para colmo, muchas de las teóricas ventajas de la electronificación del trámite se pierden por el hecho de mantener la doble vía.

Pero no queda otro remedio, la ley 11/2007 LAECSP lo deja bien clarito en su artículo 6, a partir del 31 de diciembre de 2009, todos los trámites de la AGE deberán estar disponibles electrónicamente, y los de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos “siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”.

Hay excepciones a la doble vía, por supuesto. Las ayudas a la I+D para proyectos de TIC convocadas por el MITYC por ejemplo ya se tramitan exclusivamente por vía electrónica, con obligatoriedad de uso de firma electrónica. Para ello se apoya en un Registro de Entidades que realizan actividades de I+D. También tenemos casos como el Servicio de Licitaciones Electrónicas de la Generalitat de Catalunya, que también se apoya en un Registro Electrónico de Empresas Licitadoras. Está claro que ambos casos son posibles por la naturaleza opcional del trámite, pero cuando el trámite tenga caracter obligatorio, como por ejemplo las tasas o impuestos, no podremos en principio contar con esa ventaja.

Las empresas españolas, además de salir estupendamente retratadas en los indicadores del informe eGovernment, están de suerte, ya que están recibiendo un importante empuje en los programas de apoyo del Plan Avanza, y especialmente en ámbitos como la Factura Electrónica no cabe duda de que se está echando el resto. Así por ejemplo la recientemente publicada Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en la Disposición final novena, establece un plazo de un año para que se publiquen las normas que permitan el uso generalizado de la e-factura para todas las empresas con las que contrate la administración, tres meses después será obligatoria para las empresas grandes, y dieciocho meses después para todas las empresas.

En fin, para ir concluyendo este post está claro que “algo se mueve” en la e-Administración, razón por la que me atrevo a aventurar, por hacer una apuesta positiva, que estamos en la Administración 1.5.

Pero, ¿estamos ya en la Administración 2.0?.

Mmmm… todavía no.

Pero eso lo veremos en el siguiente post.

5 comentarios leave one →
  1. Domingo, 25 noviembre, 2007 12:32 pm

    Mi percepción también es que la situación es muy diversa, que hay muchas administraciones que tienen grandes dificultades para desarrollar su administración electrónica. E incluso las que mejor están tienen aun mucho por hacer.

    Y también por parte de los destinatarios de los servicios (ciudadanía y empresas) la situación está muy verde. Muchos ni se plantean aun acceder a las webs de las administraciones a buscar información y menos a tramitar telemáticamente. La firma electrónica es ciencia ficción para la mayoría de los usuarios. En fin, que estamos en la edad de piedra de la Administración electrónica.

    Sin embargo, yo pienso que en los próximos años se va a producir un avance muy rápido. Desde mi punto de vista, el cambio generacional va a ser decisivo. Los “nativos digitales” no van a entender otra forma de relacionarse con la Administración distinta de la electrónica.

    Sobre lo que comentas de la doble vía, presencial y telemática, nos está pasando ahora en un procedimiento que hemos puesto recientemente en Internet, que está habiendo casos en los que, por lo visto, los interesados no terminan de fiarse del canal telemático y envían las solicitudes por los dos canales, con lo cual algunas solicitudes se están duplicando. El tema tiene solución, pero lo comento para ilustrar como esto de la doble vía plantea problemas nuevos.

    Por otra parte, el artículo 27, en su apartado 6, prevé que: “Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos“. En la medida que se vaya consolidando la sociedad de la información, supongo que podrá aplicarse este artículo en un número creciente de procedimientos, evitando así en estos casos la doble vía.

    En cuanto a lo de los rankings, pego a continuación una reflexión que escribí hace algún tiempo (pero que, para mí, sigue vigente):

    Hace unos años le oí contar a Andrea di Maio (Director de Investigación de Gartner Group) la siguiente anécdota:

    El leyó en uno de estos rankings que la digitalización de los tributos iba mejor en España y en Italia que en los países nórdicos. La noticia le sorprendió. Rascando un poco, comprobó cual era la realidad del pago de impuestos por internet en Italia.

    Cuando él, que es italiano, intentó pagar por internet el impuesto sobre la renta, se encontró con el mismo impreso complicado que se rellena en papel y que hace que mucha gente acuda a asesores fiscales para poder hacer la declaración.

    Los domingos, día en que él intentó hacer la declaración, no había servicio telefónico de atención a los usuarios, ya que ese servicio sólo funcionaba durante el horario de trabajo.

    Para completar el contraste se enteró de como era ese servicio en Suecia. Allí los contribuyentes recibían por correo postal la declaración cumplimentada y, si era correcta, la devolvían firmada por el mismo medio.

    La conclusión era que la mayor digitalización de un servicio no implica necesariamente que el servicio sea mejor. Y supongo que se trata de tener servicios de calidad, antes que servicios digitales o telemáticos.

    Pues eso, que me deja un poco frío lo de los rankings del e-Government. A ver cuando hacen un ranking de la calidad de servicio de las Administraciones.

    Estaremos atentos al tercer capítulo ;-).

  2. Domingo, 25 noviembre, 2007 12:34 pm

    Perdón, me refería al artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

  3. Felix Serrano permalink
    Lunes, 26 noviembre, 2007 11:46 pm

    Muy acertadas tus reflexiones, Iñaki, y muy en línea con lo que pienso.

    Siempre es complicado hacer evaluación de políticas públicas. Es demasiado fácil acudir a las cifras sin analizar correctamente su significado.

    Al respecto, hace poco leí un post muy interesante de Antonio Fumero que recomiendo:

    Datos, necesito datos

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