Ayer, martes 11 de febrero, se presentó en la SETSI la versión 3.0 de AL SIGM y su Comunidad de Desarrollo. El anteriormente denominado SIGEM, Sistema de Gestión Municipal, un producto gratuito elaborado y distribuido por el Plan Avanza, ha cambiado, mas bien diríamos ha metamorfoseado, pasando de lo que era un producto a lo que actualmente es una plataforma.
La nueva plataforma, que se denomina PALS (Plataforma Administración Local Soluciones), ha abordado una filosofía bastante novedosa, al menos en el ámbito administrativo, ya que adopta un modelo basado en Software de Fuentes Abiertas (#SFA) el cual se basa en la creación de una comunidad de desarrollo, en la que participarán los organismos, empresas, programadores y usuarios, de forma coordinada. En esta plataforma colabora Red.es y CENATIC, en su papel de centro de referencia para el software de fuentes abiertas.
Fomentar la colaboración público-privada, así como una gestión evolutiva, eliminando las dificultades originadas por el del crecimiento exponencial de las aplicaciones, optimizando la reutilización de desarrollos, definiendo claramente las características de las licencias, adecuando la Plataforma a los cambios normativos. y consiguiendo en definitiva una mejora en su evolución tecnológica, aparte de otros objetivos importantes como la dinamización del tejido industrial TIC en todo el territorio nacional.
Ha llovido ya mucho desde La Catedral y El Bazar, de Eric S. Raymond. El concepto de Comunidad de Desarrollo en SFA ha evolucionado desde sus inicios hasta convertirse en un modelo sólido y eficaz, que consigue resultados de alta calidad y devuelve un retorno de la inversión muy alto a sus participantes. Además de este proyecto hay varios notables ejemplos de Comunidades de Desarrollo en la Administración como la creación de la Comunidad del Cliente @firma, según lo describe el CENATIC.
Pero siguen siendo ciertos algunos de los principios básicos enumerados por Raymond:
Todo buen trabajo de software comienza a partir de las necesidades personales del programador (Todo buen trabajo comienza para resolver una necesidad propia)
Los buenos programadores saben qué escribir. Los mejores, qué reescribir (y reutilizar) (Hoy día, ya nadie crea partiendo de cero. Todos nos apoyamos en trabajos de otros anteriores. Lo inteligente es averiguar hasta donde se avanzó en un asunto, elegir lo mejor, y construir sobre ello)
Nos encontramos así con una forma de crear soluciones comunes para gente con problemas comunes, que quieren trabajar de forma organizada y transparente, donde las aportaciones de unos benefician a todos, y el beneficio es mayor cuanto mayor es la masa crítica alcanzada por ese proyecto con objetivos comunes.
En su introducción al evento «Primer Encuentro Internacional de Software de Fuentes Abiertas y Sector Público«, Borja Adsuara citó a la Constitución Española, a los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación de lo público, y a cómo este modelo colaborativo permite aumentar la eficiencia (y, digo yo, también la eficacia) de los recursos que los trabajadores públicos tenemos a nuestra disposición.
En efecto, este modelo es una buena aproximación a la solución para las necesidades comunes, que sobrepasa la fragmentación administrativa multinivel que tiene el Estado español pues se enfoca a proyectos concretos y resultados inmediatos, de los que se benefician todos los participantes directos, e indirectamente todos los ciudadanos y empresas usuarios o reutilizadores de los productos generados.
Tal y como McKinsey explicaba en un reciente artículo «Competing in a digital world: Four lessons from the software industry«, en las organizaciones donde la Información es el principal activo, resulta de utilidad aplicar lo que las empresas de software han descubierto hace tiempo:
Ir del Producto a la Plataforma
Crear nuevos modelos de negocio
Acelerar el ciclo de vida y co-crear con los clientes
Crear una organización ágil
Lo que viene a decir McKinsey es que las principales empresas de software han evolucionado hacia un nuevo tipo de organización, más plana y flexible, y en eso basan gran parte de su éxito.
Así lo veo yo: los proyectos de comunidades de software abierto en las AAPP, no son sólo importantes por las posibilidades de desarrollo de aplicaciones y servicios con un bajo coste y alta calidad, y por sus beneficiososo efectos indirectos sobre el tejido empresarial TIC y sobre la ciudadanía; son también un modelo organizativo a seguir para resolver problemas no tecnológicos, o no primariamente tecnológicos, en las Administraciones Públicas. Como modelo, y a medida que se adopte y extienda su uso, promueven un cambio más profundo, un cambio organizativo y cultural en las Administraciones Públicas, un cambio necesario desde hace ya tiempo.
Como dice nuestro amigo Manuel Velardo: «No es mi Software, es Nuestro Software». Y yo lo amplío:
No es mi Administración, es nuestra Administración
PD2: Este artículo no expresa una postura a favor ni en contra del software «licenciado» frente al software «abierto». Como bien dice Lucía Escapa en su Blog, no hay soluciones universales a problemas concretos; cada problema tiene una solución más adecuada en un contexto determinado. Las generalizaciones son fáciles pero a menudo erróneas. Lo que sin embargo podemos hacer es fijarnos en cómo se hacen las cosas ahí fuera, y si se hacen bien, aplicar las lecciones y experiencia que otros han ya aprendido.
No hace mucho, era noticia la intención de la Comunidad de Madrid de establecer peajes en sus autovías, hasta ahora de uso gratuito, ya que «… no podemos pagar su mantenimiento«. Seguramente esto no le habrá hecho mucha gracia a todos los que las usan a diario para ir desde su domicilio en la periferia de Madrid hasta el centro, sobre todo porque hasta ahora siempre daban por supuesto de que eran «gratis» (lógicamente descontando los costes del combustible, compra y amortización del vehículo, etc.).
Esta semana, en el evento de Socinfo «Simplificación y Seguridad Jurídica en la Administración Electrónica», el Subdirector General de Programas, Estudios e Impulso de la Administración Electrónica, Aitor Cubo Contreras, al tiempo que explicaba los aspectos técnicos de la Seguridad de las aplicaciones de Administración Electrónica, ofrecía a los presentes, muchos de ellos personal TI perteneciente a los Ayuntamientos y CCAA, al explicar el Sistema de Interconexión de Registros, la posibilidad de utilizar sus servicios, bien interconectándose al sistema SIR, o bien a través de una aplicación gratuita en modo Software as a Service (SaaS) usando para ello el servicio ORVE (Oficina de Registro Virtual de Entidades Locales).
Desde luego, muchas Entidades Locales y, quizás también Comunidades Autónomas, están muy interesadas en la utilización de este tipo de servicios gratuitos, puesto que sus presupuestos han bajado notablemente en los últimos tiempos.
Este caso no es un caso puntual. Desde hace tiempo, están disponibles en la Red Sara un buen número de servicios, que desde luego entrarían en la categoría de servicios comunes, para su utilizacion por los diversos organismos de la AGE y también por el resto de Administraciones, de los cuales el más conocido es el servicio de validación de certificados de la plataforma @firma, que, según el OBSAE, en 2011 fueron más de 66 millones.
Sin embargo, la pregunta es, ¿está también la AGE, en particular la DG de Modernización administrativa, procedimientos e impulso de la administración electrónica, en condiciones de seguir aumentando la prestación de estos servicios gratuitos, y con un prespuesto también cada vez más reducido?.
Debo decir de antemano que estoy a favor de la «factorización» en las AAPP, es decir de eliminar duplicidades, y por ello la creación y mantenimiento de servicios comunes es una necesidad. Pero también tengo serias dudas sobre su viabilidad si no existe un «modelo de negocio» que soporte estas iniciativas. Este fué el peligro que ya expresamos en este blog no hace mucho en el artículo ¿Puede morir de éxito la Administración Electrónica?.
Este punto en concreto es un tema candente. Hace poco lo comentaba Joseche en su artículo Achtung!, peligro. ¿Cuál va a ser el papel de RED.ES en los servicios TIC de la AGE?, el origen del cual es la posibilidad de que sea Red.es quien diseñe, implante y ofrezca estos servicios comunes a todas las Administraciones. En este caso se plantea una posible financiación de los servicios, acudiendo a la figura de la encomienda de gestión. Puede opinarse si es una mejor o peor idea, pero la alternativa (es decir mantener el modelo de todo gratis) es para mí simplemente inviable a medio plazo y quizás también a corto plazo.
En cuanto a la posibilidad de utilizar la encomienda de gestión como herramienta que permita a cualquier órgano administrativo «contratar» el acceso y uso de esos servicios comunes, bien sea a Red.es o a otra entidad, en en cualquier caso algo que desde luego requiere un estudio en profundidad. A esos efectos, extraigo del interesante análisis La doctrina “in house providing” y las encomiendas de gestión en el ordenamiento jurídico español de Aída Mª Conde Quintano, los requisitos que debe tener toda encomienda de gestión:
a) La entidad encomendante, poder adjudicador, debe ejercer sobre su medio propio un control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios.
b) La entidad encomendada (medio propio) debe, a su vez, realizar la parte esencial de su actividad con la entidad encomendante.
c) El encomendado puede ser un ente, organismo o entidad del sector público.
d) Las encomiendas de gestión han de ser de ejecución obligatoria para el encomendado, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante.
e) El encomendante aprobará unas tarifas en base a las cuales se calculará la retribución a percibir por el encomendado.
f) El encomendado deberá reconocer en sus estatutos o en sus normas de constitución, su condición de medio propio y servicio técnico determinando las entidades respecto de las cuales tiene esta condición y precisando el régimen de las encomiendas que se le pueden conferir.
g) El encomendado no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sea medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma.
Muchos de los trámites que realizan los ciudadanos con la administración son gratuitos. Pero en otros muchos, es necesario que el ciudadano o la empresa deben abone un importe a la administración, como en el caso del pago de impuestos o tributos, el acceso a servicios de precio tasado (como las solicitudes de Marcas o Patentes) y el pago de las multas de tráfico o sanciones.
En el mundo «antes del trámite electrónico» la operativa consistía en recoger el recibo del pago correspondiente, acudir a una entidad bancaria que aceptase ese pago en concreto, y con el recibo del pago sellado y validado, volver a la Administración correspondiente para seguir con el trámite.
Con algunas variantes, ese sigue siendo el camino que se adopta también en los trámites ya «electronificados». Esas posibles variantes incluyen la autorización para el cargo en cuenta (una sola vez), la domiciliación (hasta nuevo aviso), la transferencia bancaria y el pago mediante tarjeta de crédito.
TPV virtual - Cortesía de CECARM (www.cecarm.com)
En todas ellas se utiliza habitualmente un sistema denominado «pasarela de pago» el cual resuelve técnicamente la problemática de conectar cuatro entidades distintas: el pagador, la entidad bancaria del pagador, el cobrador, y la entidad bancaria del cobrador.
Todo ello, ya se realiza habitualmente en el comercio electrónico, en el cual se ha adoptado una terminología particular, denominada «TPV virtual» para denominar las piezas que permiten montar una tienda en internet y gestionar los pagos de los bienes y servicios contratados.
Las pasarelas de pago de las AAPP
En las Administraciones Públicas, aunque con más retraso respecto a las empresas, también se va haciendo uso progresivo de los medios de pago electrónicos. En particular, dentro del portal http://administracionelectronica.gob.es se dispone de acceso a la Pasarela de Pagos de la Red Sara, la cual «facilita la implantación del pago telemático en las aplicaciones que gestionan trámites que conlleven el pago de tasas, en los Organismos de la Administración General del Estado.»
También Red.es dispone de su propio servicio de Pasarela de Pagos, http://pago.red.es: «El SPT es un SERVICIO “marca blanca” en el que el proceso de pago se inicia y finaliza en el Portal del propio organismo, lo que permite fusionar el PAGO con la EMISIÓN de RECIBOS (ahorro de tiempo, menor coste, comodidad para el ciudadano/empresa)».
Hasta aquí muy bien, pero las pasarelas de pago de la Red Sara y de red.es tienen algunas limitaciones. Estas limitaciones vienen derivadas por el hecho de que el modelo general, cuando la entidad bancaria de origen y destino de los fondos es diferente, la transacción tiene un coste, el cual no está contemplado en el procedimiento administrativo tradicional. En el modelo tradicional, el ciudadano debe dirigirse a pagar «en metálico» a una de las entidades bancarias determinadas por cada administración. Es más, el pago de tasas, tributos, etc. no están admitidos medios de pago habituales como por ejemplo las tarjetas de crédito.
Para resolverlo, las pasarelas de las administraciones hacen uso del modelo «ON-US» que significa, lisa y llanamente, que la entidad origen y destino de los fondos es siempre la misma. Generalmente las entidades bancarias no cobran por estas transacciones internas, asumiéndose su coste dentro de los costes generales operativos de la entidad, o sea, que son «gratis».
Así, la pasarela de la AEAT (y también la de la red Sara, ya que la última se basa en la primera), para poder ofrecer el servicio de forma gratuita, ha abierto cuentas y firmado convenios con las principales entidades bancarias, de modo y manera que, si el ciudadano tiene una cuenta en alguna de ellas (cosa muy probable) podrá hacer uso de este servicio, aunque sólo para el pago de tasas, pues en este caso los fondos no llegan al organismo gestor del trámite, ya que el importe de la tasa se queda en la propia AEAT.
En cambio la pasarela de red.es es más general, pues no tiene a priori limitación alguna en las entidades bancarias y el tipo de pagos posible. Pero ello es porque es el propio organismo administrativo el que debe elegir las entidades bancarias colaboradoras, abrir una cuenta en cada una de ellas, y conveniar los términos de uso. La pasarela de Red.es se ofrece como «marca blanca» lo que implica que se puede implantar de forma transparente al usuario/ciudadano, dando la sensación de que durante toda la transacción se permanece siempre en el sitio web del ayuntamiento o entidad, sin salir de ella para realizar el pago. Red.es explica esta funcionalidad como una ventaja, aunque yo no estoy tan seguro, pues es importante que el mecanismo del pago, la «apariencia», la forma de uso, sea siempre la misma para cualquier pago (lo cual genera confianza), y la personalización de cada sitio web de la administración de forma distinta disminuye esta confianza.
Otra limitación de las «pasarelas administrativas» comentadas es que ambas imponen la identificación del ciudadano («el cliente») mediante un certificado de clave pública (habitualmente Ceres, eDNI, etc.) con el cual se certifica y valida la orden de pago. Aunque en principio podemos pensar que es lo natural, ya que es el mecanismo del trámite electrónico habitual, en realidad no es lo habitual cuando uno compra por internet: ninguna de las pasarelas de pago al uso exigen la utilización de sistemas PKI. Tal y como comentaba Montaña en un reciente artículo, se puede hacer Administración Electrónica sin necesidad de usar para todo un Certificado Electrónico.
El ciudadano se pregunta, y con razón, si para contratar y pagar un viaje por Internet no necesito certificado, ¿porqué lo necesito cuando pago una tasa o un tributo?. Además, este es un requisito nuevo: cuando el pago se realiza «físicamente» en una sucursal bancaria, ni siquiera se precisa que el pagador se identifique: se le pide unicamente el recibo y el dinero, y el empleado de la sucursal hace el trámite. En otras palabras, si lo que se quiere es recibir el dinero, se deben poner las máximas facilidades.
Estos inconvenientes pueden hacer, y de hecho hacen, que algunos órganos administrativos usen, además o en lugar de estas pasarelas administrativas, otros servicios de pago electrónicos de carácter privado. Podrían ser los servicios electrónicos de un determinado banco, o un servicio de intermediación bancaria, de los cuales el más conocido a nivel mundial es PayPal. De este modo, se puede llegar a admitir, por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito o débito, tanto las que han sido emitidas por una entidad bancaria, como las tarjetas de crédito «puras». Pero obviamente, el uso de estos medios privados tiene un coste, habitualmente un tanto por ciento de la transacción, existiendo un coste mínimo para transacciones pequeñas.
Como vemos, es un problema complejo, ya que intervienen muchos factores, incluidos el ciudadano, el organo administrativo, el organo gestor de la pasarela, las diversas entidades banacarias, y además entra en juego «la pasta». Por ello hay en funcionamiento muchas soluciones distintas, que no son excluyentes entre sí. Sin embargo, y tal y como comentabamos al principio, es necesaria su resolución para conseguir la completa disponibilidad del trámite electrónico para el ciudadano, tal como estipula la ley 11/2007.
Bueno, y ¿qué pinta PayPal en todo este escenario?
Soy usuario habitual de Internet, y también del comercio electrónico, lo que quiere decir que, si algo se puede comprar por Internet, siempre lo miro en Internet (aunque no necesariamente siempre lo compro por Internet). Por ello no pasa mes sin que acabe picando en un sitio web y encargando algo.
Casi siempre hay dos medios de pago, uno es la transferencia bancaria, y el otro es el pago por tarjeta de crédito. En muchas ocasiones, se puede hacer también el pago por PayPal. Cuando está disponible, siempre utilizo este medio de pago. ¿Porqué?.
PayPal presenta dos ventajas importantes para el cliente, «el pagador». La primera es la sencillez: el proceso de pago es tan simple como escribir el usuario y la contraseña de PayPal, con lo cual se presenta la propuesta de pago en pantalla, y a continuación se acepta el pago y operación terminada. No hay que recordar números de cuenta corriente, números de tarjeta de crédito, no hay que mirar ese número misterioso en la trasera de la tarjeta, la fecha de caducidad (que siempre se escribe de forma distinta a como viene en la tarjeta…). Todo lo que tengo que recordar, para PayPal es mi dirección de correo y mi contraseña, lo que lo hace además muy seguro. Y en cuanto he realizado un pago, me llega un correo informando del hecho, por lo que si hubiese algún problema siempre estoy a tiempo de tomar medidas y deshacer el entuerto.
La segunda es la confianza. Si uno quiere usar lo mejor de Internet, la compra más barata exige diversificar, lo cual implica que estoy dando mi número de VISA en muchos sitios distintos, quizás un poco dudosos, donde a lo mejor no voy a volver en mi vida. Cuantas mas veces dé el numero de VISA, más fácil es que alguna de ellas caiga en manos no demasiado limpias. Nunca he tenido ningún problema, pero nunca se sabe.
En el fondo, la razón del éxito de PayPal y otros servicios similares es que, cuando entra en juego el negocio, y a la hora de pagar, los detalles son importantes. Una dificultad en el pago, por mínima que sea, puede hacer que la venta se malogre. De modo que para asegurar la venta no basta con tener una buena web y un buen producto y un buen precio: también hay que hacer que, cuando el cliente reciba «la dolorosa» si puede ser sea lo menos dolorosa posible.
¿Tiene sentido aplicar el modelo PayPal a la Administración?
Por supuesto.
El mismo problema al que se enfrenta el ciudadano cuando navega por las tiendas de Internet es el que se enfrenta cuando se dirige a realizar un trámite en cualquiera de los múltiples sitios web de la Administración. Podríamos pensar que la Administración no gana nada dando facilidades para un pago que al fin y al cabo el ciudadano está obligado, la mayor parte de las veces, a realizar. Pero esto es una falacia.
Simplificar la vida al ciudadano, al administrado, siempre beneficia a la sociedad (objetivo fundamental de lo Público, no lo olvidemos) e indirectamente, a la propia Administración.
El modelo de servicios de PayPal se puede aplicar perfectamente en las Administraciones, diseñando un servicio que permita, mediante la creación de una cuenta única, la identificación a efectos financieros y económicos del ciudadano (o de cualquier entidad jurídica a través de sus representantes legales), de las tarjetas de crédito y cuentas corrientes de las que es titular, que le permita elegir en cada operación la que usa para el pago, o cobro en su caso, de los importes asociados a sus trámites con la administración, que disponga de las utilidades e informes adecuados, que reciba información continua en su cuenta de correo electrónico de todas las operaciones e incidencias, y que tenga plena cobertura legal, tanto para la protección de los derechos del ciudadano como los de la Administración.
Y por supuesto, siempre diseñando el servicio de forma que se consigan los dos objetivos primordiales que promueven su uso: sencillez y confianza.
PayPal es un ejemplo de servicio de origen privado, específico de Internet, con gran éxito, del que podemos aprender mucho a la hora de diseñar e implantar servicios electrónicos para las Administraciones. Pero no es el único, por ejemplo los sitios de compra venta de bienes y servicios (eBay…) también ofrecen posibilidades de reutilización. Pero eso será ya objeto de otros artículos.
Hoy publica el BOE las estructuras orgánicas detalladas de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Ciencia e Innovación. Después de lo que el mismo Miguel Sebastián calificó el lunes pasado de «un decreto lógicamente difícil», para decir a renglón seguido que «Siempre hemos defendido que el Ministerio de Innovación tiene que asumir toda la política de I+D+i«, hoy por fin se han aclarado bastante el significado de esas palabras.
En resumidas cuentas, Garmendia se lleva competencias y programas de innovación de Industria, pero no las correspondientes a la Dirección General para el desarrollo de la Sociedad de la Información, que siguen correspondiendo a Industria.
Entre ellas, y específicamente, permanecen en Industria «las acciones estratégicas de innovación tecnológica en el ámbito las tecnologías de la información,las comunicaciones y de la Sociedad de la Información.». Se refiere, concretamente, a la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (AETELSI) incluida en el vigentePlan Nacional de I+D+I, y en la cual van contenidos prácticamente todos los programas de ayudas, tanto dirigidos a empresas como ciudadanos y Administraciones Públicas, del Plan Avanza.
Anteriormente dependientes de la Secretaría General de Industria, Ciencia e Innovación se lleva los programas de fomento de la innovación industrial y en servicios, las competencias para la emisión de los informes motivados vinculantes (necesarios para las desgravaciones fiscales por I+D+I), gestionados anteriormente por la Subdirección General de Fomento de la Innovación Industrial y los programas de innovación para PYME. Aún así, no se va todo lo que tiene que ver con innovación. Por ejemplo, las Agrupaciones Empresariales Innovadoras parece que se quedan en MITYC.
También van para el MICINN algunos importante organismos, otrora dependientes de Industria, como el CDTI. Red.es se queda en Industria, aunque parece ser que Rediris se vuelve a desgajar de la entidad pública empresarial para acudir a su función primigenia, con una red de nueva generación «Rediris Nova«.
En mi opinión, la labor de concentración de los programas y ayudas a la I+D en un solo Ministerio, labor ya comenzada cuando se diseño el vigente PN I+D+I, tiene ventajas, sobre todo instrumentales y también clarificadoras para los agentes que intervienen, y se hace eco de algunas de las demandas de la OCDE. Al fin y al cabo se trata de una población de agentes limitada y especializada. Incluso se puede conseguir algún ahorro al ordenar las diversas ayudas. Pero el alcance no es el que debería pues no incluye las políticas y organismos dependientes de las Comunidades Autónomas con competencias en I+D.
Sin embargo las ventajas de la concentrar la gestión de la innovación ya no las veo tan claras. El lugar correcto para aplicar la innovación es en el propio proceso productivo, y yo, sinceramente, no lo habría sacado de Industria o del resto de Ministerios donde se debe seguir aplicando la innovación.
Afortunadamente, las TIC, pieza clave en los procesos de innovación en la industria y en todos los aspectos de la sociedad, mantienen su propio lugar, apoyadas en la marca reconocida Plan Avanza.
En realidad, yo hubiese creado un «Ministerio de la I+D«, muy muy parecido al MICINN actual, pero dejando que la innovación se la repartiesen, cual si de perfume se tratase, todo el resto de los Ministerios.
Siempre me han interesado las actividades de medición en relación directa con mi trabajo, anteriormente la tecnología aplicada a la Administración, y actualmente la promoción de la Sociedad de la Información en España. También he creído siempre que la existencia de indicadores y mediciones más o menos fiables era una necesidad en la que apoyarse si queriamos realmente mejorar. Pues sólo es posible mejorar objetivamente aquello que se mide y se compara con la situación anterior.
También soy consciente del peligro que tienen los observatorios y los diversos sistemas y encuestas de medición. Pues con frecuencia se han utilizado estas métricas, seleccionando las más favorables de las disponibles en cada momento a la tesis de cada uno para demostrar su prevalencia sobre otras, y eso cuando no se interpreta el mismo dato en sentidos diametralmente opuestos.
La medición de la Sociedad de la Información plantea algunos retos adicionales. Como dijo Francisco Ros en la apertura del evento, la Sociedad de la Información no sólo está cambiando cada vez de forma más acelerada, sino que su complejidad aumenta por momentos. También lo dejó claro Mariano Gómez del Moral, del INE: numerosísimos organismos producen datos, y la mayoría son operaciones no armonizadas para necesidades puntuales. Con ello se consigue el peor de los resultados: duplicidades y confusión informativa. La estadística oficial reacciona, pero, como todos sabemos, es lenta.
Elaboración de indicadores (seguimiento de los Planes de Acción, en particular i2010)
Preparación de actos legales
Efectivamente, OCDE y Eurostat también estuvieron presentes. El primero representado por Vicenzo Spiecia y el segundo por Albrecht Wirthmann. Vicenzo presentó la gráfica de evolución de los indicadores que muestro arriba, así como el marco general de Indicadores de la Sociedad de la Información que muestro abajo.
Ambos parecieron coincidir de forma bastante significativa en enmarcar ya muchos de los indicadores TIC en la zona de «madurez», por la cual estaríamos entrando ya en el momento en el que muchos de ellos han sobrepasado la zona de disponibilidad y de utilización, para alcanzar la zona de de impactos y resultados sobre otras variables sociales.
No puedo ni pretendo ahora hacer un resumen de un evento tan extenso. De hecho, he esperado más de una semana desde que el evento concluyó para hacer este post, con la esperanza de que en la web http://www.2ndeuropeansummit.com/ se hubiesen publicado las presentaciones del mismo, que los asistentes teníamos desde la llegada en un CD. Es una lástima que no sea así, así como que tampoco estén disponibles los vídeos del evento, que sin embargo fué transmitido en directo por IPTV.
Estas dos carencias, junto con alguna más como el silencio de los organizadores desde el cierre del evento (se diría que se han ido todos de vacaciones) para enviar algunas de las presentaciones que no fueron entregadas en su momento, o para hacer un a modo de conclusiones, como suele ser habitual en este tipo de actos, la verdad es que lo deslucen un poco. En fin, de todos modos al menos a los asistentes sí nos mereció la pena ir.
Ayer, martes 11 de febrero, se presentó en la SETSI la versión 3.0 de AL SIGM y su Comunidad de Desarrollo. El anteriormente denominado SIGEM, Sistema de Gestión Municipal, un producto gratuito elaborado y distribuido por el Plan Avanza, ha cambiado, mas bien diríamos ha metamorfoseado, pasando de lo que era un producto a lo que actualmente es una plataforma.
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