Hacia 1450, Johannes Gutenberg, herrero alemán, inventó la imprenta de tipos móviles. La invención de la imprenta supuso una revolución cultural en el mundo, acelerando el desarrollo del conocimiento al abaratar el acceso al mismo, permitiendo que los saberes de unos pocos estuviesen al alcance de muchos.
En 1871 Antonio Meucci inventó el teléfono, aunque lo llamó teletrófono, pero no pudo patentarlo por falta de dinero, y quien lo patentó, en 1876 fué Alexander Graham Bell. El teléfono también supuso una revolución tecnológica pero de carácter más instantáneo, al permitir la comunicación bidireccional a distancia entre cualquier lugar del mundo.
A principios del siglo XX se realizó otro trascendental invento, la televisión, y el año que yo nací, 1956, Televisión Española comenzó sus transmisiones regulares desde el Paseo de la Habana. La televisión supuso el inicio del fenómeno de la difusión de información a nivel de masas, de forma similar, pero con mucha más fuerza, que las difusiones de radio anteriores.
A principios de los ochenta, en la época en que encontré mi primer trabajo, se diseñó y comercializó el primer ordenador personal de masas, el IBM PC, que inicialmente se usaba sobre todo para sustituir a las máquinas de escribir, gracias a sus procesadores de textos, que permitían corregir los documentos antes de escribirlos.
Las oficinas se llenaron de PCs y luego se fueron interconectando en Redes Locales, que permitían compartir documentos en unos servidores y comunicar de este modo unos ordenadores con otros. Se trataba de redes cerradas y aisladas entre sí, hasta que en los años 90, y gracias a la invención de la World Wide Web, estas redes locales se interconectaron de forma generalizada unas con otras por medio de la red de redes, Internet.
El Ministerio de Industria y Energía, en el que yo trabajaba, realizó su primera conexión a Internet en el año 1996. La conexión se realizó mediante una línea punto a punto de 64 Kbps, y a través de ella se ofrecían los servicios de correo electrónico y acceso web, tanto entrante como saliente.
Debido a la escasa velocidad de la línea a repartir entre nuestros más de 500 ordenadores personales, nos vimos obligados a limitar el acceso a Internet de los usuarios, mediante el sistema de listas blancas y listas negras: sólamente los usuarios que estaban en las listas blancas podían acceder a internet, y el acceso se permitía a todos los sitios web excepto a los que estaban en las listas negras, los cuales eran bloqueados por su peligrosidad o por su notoria inadecuación a las necesidades del trabajo que se realizaba en el Ministerio.
El principal problema que nos encontramos entonces en la elaboración y gestión de las listas blancas fué precisamente el criterio por el cual determinadas personas deberían estar en la lista blanca, mientras que determinadas otras, no. Al final era un criterio jerárquico, en el que el jefe de cada unidad decidía quienes de su unidad eran los que deberían disfrutar de ese «privilegio» y quienes, no. Sin embargo, nos acabábamos encontrando con otro problema, y era que en general todos los jefes acababan autorizando el acceso a Internet a todo empleado que lo solicitase, pues de una u otra forma, todos podian encontrar utilidad para esa herramienta para alguno de los aspectos de su trabajo en el Ministerio.
Afortunadamente, la disponibilidad de cada vez mayores anchos de banda a precios razonables, permitió en poco tiempo eliminar esa restricción, y a principios de los dosmiles, el acceso a internet era ya generalizado en todos los puestos de trabajo del Ministerio. A su vez, las herramientas automatizadas de filtrado consiguieron realizar la casi imposible tarea de mantener actualizadas las listas negras de sitios web indeseables.
Hoy, quince años después de aquella conexión pionera Ministerial a Internet, se publica la noticia de que el Gobierno planea restringir el acceso a Internet de los empleados públicos, «limitando su uso a aquellos puestos de trabajo que por el contenido de sus funciones deban utilizar esta herramienta«.
Desde luego, no parece que se trate de una medida de ahorro; ya hemos visto que este servicio hoy día, y sobre todo gracias a las economías de escala de las conexiones corporativas que utilizan los Ministerios y Organismos Públicos, no permite obtener ahorros significativos por el hecho de que unos empleados la utilicen y otros no. Más bien al contrario: el establecimiento de los controles necesarios y la gestión de las listas blancas, necesariamente incurrirá en un coste adicional, principalmente no tecnológico sino de los procedimientos y mano de obra necesarias para llevarla a cabo.
El objetivo de esta medida parece sin embargo ser que los gestores públicos puedan «garantizar la mayor eficacia y eficiencia posible fomentando la productividad del personal a su cargo”. Supuestamente, pues, Internet sería, con carácter general, una herramienta que disminuye la productividad del empleado público, detrayendo tiempo y energía de las labores principales que el funcionario debe realizar en su trabajo.
Más allá de las obvias dificultades prácticas de la implementación de esta medida, hay varias cuestiones de fondo importantes que se plantean en este momento, como las siguientes:
- ¿Existen criterios y procedimientos, cualitativos o cuantitativos, de medida de la productividad del empleado público, que permitan establecer, en cada caso, si su productividad es superior o inferior por el hecho de disponer de acceso a Internet?.
- Dicho de otra manera, ¿podemos establecer si, para un empleado público dado, que hoy día dispone de acceso a Internet en su puesto de trabajo, vamos a conseguir aumentar su rendimiento y productividad impidiéndole este acceso?
- Reformulando de nuevo la cuestión, ¿no sería mejor que, en lugar de implantar un conjunto de políticas restrictivas sobre las condiciones y medios de trabajo de los empleados públicos, con la supuesta intención de aumentar su rendimiento, se establecieran de una vez los métodos de trabajo por objetivos, tanto individuales como de equipo, se evaluase el rendimiento en base a la consecución de esos objetivos, como prescribe el EBEP, y se dispusiesen los medios adecuados para alcanzarlos, entre ellos los medios informáticos, y específicamente los relacionados con el acceso a las redes de comunicación mundiales a través de Internet?.
Al final, Internet, como lo fué la Imprenta, el Teléfono, la Televisión, o el Ordenador Personal, no dejan de ser herramientas tecnológicas. Pero herramientas muy poderosas, que han transformado y continúan transformando la humanidad. Como todas las herramientas, se pueden usar positiva o negativamente, para el bien o para el mal. El avance social no se produce estableciendo su potencial carácter maligno y limitando su uso, sino más bien al contrario, explorando sus posibilidades y aprovechando lo mejor posible su utilización en beneficio de todos.
La compatibilidad con todos ellos puede ser fácil en determinados casos, como una simple consulta de información en modo anónimo, y bastante difícil en otros, como puede ser la realización de trámites electrónicos que precisan firma electrónica basada en certificado de clave pública. Esto es así porque las tecnologías que permiten la ejecución de código que habilita el trámite son diversas (ActiveX, Java, …) y muchas veces están ligadas al sistema operativo subyacente sobre el que se ejecuta el navegador (Windows, Linux, OSX,…)
Estamos empezando este camino también, pero cabe duda de que tendremos que recorrerlo hasta el final. Por eso son muy interesantes las iniciativas a seguir como el desarrollo de la aplicación «
eFuncionario 