Los efectos de los ajustes en las unidades y servicios TIC de la Administración

Desde hace ya unos años, las unidades TIC de la Administración venimos sufriendo un proceso de ajuste, o más precisamente de reducción presupuestaria, que está afectando y afectará a los servicios que ofrecen, tanto al interior de la propia Administración como a los ciudadanos. En este artículo analizaremos los procesos más importantes involucrados y sus efectos.

La reducción presupuestaria, por capítulos

Desde 2009 hasta hoy, se ha venido realizando una reducción presupuestaria generalizada en la Administración General del Estado, y en las unidades TIC (generalmente con rango de Subdirección General), que ronda aproximadamente el 20% anual (en los capítulos 2 y 6), especialmente en los últimos ejercicios (2011 y el actual). Como consecuencia de esta reducción, que por lo que sé es similar al resto de las unidades horizontales, y al hecho de que realmente nunca se ejecuta el presupuesto real (en épocas como la actual se acentúan los controles y procedimientos de gestión de compras y de gasto, lo cual reduce inevitablemente el porcentaje de ejecución del presupuesto, cuando no directamente se reduce una vez aprobado, en base a una figura denominada «acuerdo de no disponibilidad»), la reducción del presupuesto real TIC de las unidades ronda el 50% acumulado en los últimos años.

Como es lógico, las cosas tienen que seguir funcionando. Es por ello que, de los dos capítulos de gasto disponibles, el 2 de gastos corrientes, donde se ubican habitualmente los servicios de mantenimiento y soporte y las telecomunicaciones (es decir los gastos de operación), y el 6 donde se ubican las inversiones y los proyectos de desarrollo de aplicaciones y servicios nuevos, la tendencia actual es que la mayor parte de las reducciones presupuestarias se han efectuado sobre el capítulo 6, siendo también reducido pero en menor medida el capítulo 2.

Hasta hace poco, se premiaba y facilitaba la disponibilidad económica en capitulo 6 sobre el capítulo 2, es decir, se consideraba beneficioso destinar el dinero a inversiones por dos motivos: el primero es que esto fomenta la innovación y la actualización constante de la tecnología, y en segundo lugar por el efecto de acción tractora de las inversiones TIC de la Administración sobre la industria TIC de proveedores de la Administración.

El efecto de esta predilección ha sido el traslado de una parte importante de los gastos TIC del capítulo 6 al capítulo 2, sobre todo en la última década. Es decir, las inversiones en hardware y software se contrataban incluyendo amplísimos periodos y condiciones de garantía, casi siempre de 3 ó 4 años de duración, lo que en la práctica abarcaba la mayor parte de la vida útil, e incluyendo no sólo la garantía sino también el soporte, y en el caso del software, el mantenimiento y actualización de versiones, que normalmente deberían haber estado en el capítulo 2.

Los efectos

¿Qué pasa ahora?. Las fuertes reducciones del capítulo 6 impiden mantener esta política de compras TIC. Es decir, se producen dos efectos:

• Envejecimiento del parque hardware y software por la imposibilidad de acometer las compras de nueva tecnología. Como es lógico, este envejecimiento llevará aparejado un deterioro de los sistemas y servicios que prestan.
• Al ir venciendo paulatinamente las garantías, será preciso contratar mantenimientos, los cuales tendrían que cargarse al capítulo 2, que debería aumentar por ello, pero que sin embargo también está siendo reducido. Es decir, aumento de costes.

No olvidemos también que, a diferencia de otros ámbitos (como la obra civil por ejemplo) el ciclo de la obsolescencia de la tecnología es mucho más acelerado. Lo que esto supone en términos presupuestarios es que resulta mucho más caro contratar mantenimiento y soporte cuando los sistemas tienen 4 ó 5 años (hasta el punto de que con frecuencia resulta más barato renovar el equipamiento que mantenerlo), lo cual agrava sin duda en problema.

Es decir, esta política de reduccion de inversiones y mantenimiento a la baja de los gastos corrientes, que podría tolerarse para otro tipo de instalaciones y servicios con un ciclo de vida más largo (por ejemplo el caso de las carreteras, autopistas, ferrocarriles, etc.), que sería la política del «me quedo parado hasta que pase la tormenta», aplicado a los servicios TIC no es realmente una buena idea.

El capítulo 1

El lector avezado habrá observado que he dejado deliberadamente fuera un capítulo importante, el capítulo 1: los gastos de personal. Y es que aquí también tenemos que hacer un análisis especial.

Hasta donde conozco la Administración, ninguna unidad TIC actual se autoabastece de personal. Es decir, una parte significativa del personal TIC (quizás entre un 25% y un 50%) no es personal propio de la Administracion, no son «empleados públicos», son personas contratadas que prestan su servicio en virtud de alguno de los contratos con la Administración, tanto los de servicios de mantenimiento y soporte de sistemas como los contratos para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

¿Porqué es esto así?. Fundamentalmente, se debe al fuerte crecimiento de la demanda de servicios TI dentro y fuera de las Administraciones, y al insuficiente crecimiento, cuando no directamente mengua, de la provisión de plazas  TI, tanto superiores como de grado medio, necesarias para cubrir este aumento de la demanda.

Es decir, en los últimos 20 años, tiempo en el que llevo trabajando en la Administración, las unidades TI han pasado de desempeñar al principio papeles de nicho y muchas veces no críticos para el negocio, a ser una pieza esencial en su funcionamiento diario. Y no sólo eso, también resulta que la «Administración 7×24», la ventanilla electrónica, ha trasladado y sigue trasladando los servicios desde las unidades (horizontales y verticales) tradicionales a las unidades TI, aumentando el horario de servicio y por tanto necesariamente la carga de trabajo y de soporte que generan.

Pero volviendo a los efectos de los ajustes, lo que está pasando es que estos ajustes están reduciendo los contratos y el personal técnico externo que presta servicios TI, sin poder asumir estas funciones adecuadamente de forma interna ya que vemos que la contratación de personal TI también se ha congelado. Tampoco ayuda mucho las progresivas reducciones de sueldo del personal TIC (al que se le aplican igual que a los demás) y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Y no olvidemos que los profesionales TIC bien preparados, a diferencia de otros sectores profesionales, no tienen paro. Es por tanto probable una fuga de una parte de esos buenos profesionales al sector privado, o, porqué no, al extranjero.

En pocas palabras, los servicios se prestan cada vez con menos personal, y por lo tanto en peores condiciones. La consecuencia directa es la reducción de la calidad de los servicios TI, el aumento de los incidentes, el aumento de los cortes de servicio, y en horario laboral (antes se hacían en fines de semana), y el aumento del riesgo de un incidente grave que pueda comprometer servicios críticos, así como los impactos de este incidente al no poder remediarlo bien y en corto espacio de tiempo.

¿Qué hacer?

En este escenario, resulta muy difícil dar recomendaciones. Tampoco tengo yo una bola mágica, de modo qué sólo voy a apuntar algunas ideas.

Reducir presupuestos, reducir personal, manteniendo o mejorando los servicios, y sin fuertes transformaciones internas, es sencillamente una ecuación irresoluble.

Servicios = Presupuestos * Personal * Transformaciones

En efecto, el único factor sobre el que podemos trabajar para mantener los niveles de servicio se llama cambio o transformación. En realidad la transformación de que hablo es un concepto que tiene dos caras: una cara tecnológica y una cara organizativa y cultural.

La cara tecnológica es la más conocida. Todos habéis oído hablar de esos servicios comunes o servicios compartidos de la Administración que ya llevamos tiempo comentando en la red, una forma de factorización que permite aprovechar las economías de escala y por lo tanto reducir costes manteniendo o mejorando el servicio. Se habla de objetivos como «reducción de un 30% del número de CPD», y se entiende que es uno de los aspectos en los que se puede aplicar la factorización, que ahora se combina con otro concepto muy de moda, la consolidación de sistemas. Se habla mucho también de «la nube de la Administración«, que es sin duda la culminación de los procesos de consolidación, factorización y finalmente aplicación de economías de escala, a gran escala.

Sin embargo no se habla mucho de que esta transformación tecnológica es imposible sin la misma transformación organizativa y a la postre, cultural. La que empiece por plantear los mecanismos organizativos eficaces para dar soporte al nuevo rol que representa la tecnología en las Administraciones (véase «Un modelo de referencia para la provisión de servicios TIC en la AGE«, «Steven VanRoekel y el #CIOAGE»). La que vaya acompañada de las reformas legislativas necesarias que apoyen y empujen la transformación. Y la que se plantee desde el principio como un ambicioso objetivo de largo alcance contando con todos, desde el primer trabajador público al último. Es decir, una transformación cultural de toda la Administración.

Para resumir, los trabajadores TIC de la Administración llevamos varios años sometidos a un proceso de fuerte ajuste con grave riesgo de repercutir en un deterioro de servicios, que sin embargo llevamos soportando estoicamente. No nos gustaría que, después de tanto esfuerzo, el deterioro de estos servicios se echara sobre nuestras espaldas. Por eso ha llegado el momento de decir que aguantar no es suficiente, de reclamar un proceso de transformación tecnológica, organizativa y cultural de la Administración.