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La primera memoria que compré, en la tienda Sandoval, para un proyecto de secuenciador musical, tenía 64 bits. Me bastaban por tanto 6 bits de direcciones para llegar a todo su contenido. Pero en el proyecto fin de carrera, basado en el Z-80 de Zilog, ya disponía de un procesador 16 bits de direcciones, lo que me daba la posibilidad de manejar memorias de hasta  65536 direcciones distintas.

Por supuesto era rarísimo tener tanta memoria a nuestra disposición. Generalmente, las memorias se vendían en unidades de varios “Ks”. Un Kilobyte eran 1024 bytes, o sea, dos elevado a diez. Como es “casi” mil, se despreciaba ese pequeño error y todos asumíamos que 1024 era mil, y así las memorias podían llegar hasta 64K bytes con estos primeros microprocesadores de 8 bits.

Años más tarde, cuando empecé a trabajar, en el proyecto TESYS, estrenábamos el Intel 8086, que tenía ya 20 bits de direcciones. Como 10 bits era “un K”, estaba claro que 20 era “un mega”, es decir, un Megabyte, asumiendo implicitamente que todo el mundo sabía que hablábamos en realidad de 1.048.576 bytes. El pequeño error había aumentado, pero la aproximación seguía siendo plausible.

Con el tiempo, los megas se quedaron también pequeños, y se pasaron a “los gigas”. En los gigas el error es mayor: se trata de 1.073.741.824 bytes, es decir, tenemos un error de un 7% al suponer que un Gigabyte son mil millones de bytes. La gente empezó a mosquearse un poco cuando compraba discos de gran capacidad, pues le vendían un disco de 300 Gigabytes, y luego resultaba que tenía sólo 279.396.772 bytes, ¿dónde estaban los bytes que faltaban?.

Lo que pasó es que, los fabricantes de discos, muy listos ellos, se dieron cuenta del error de la definición, y empezaron a usar la verdadera definición del Giga, que no es un prefijo que provenga del sistema binario, sino del sistema decimal. Giga es igual a 10 elevado a 9, es decir, mil millones.

Tal y como establece el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida:

3.1 Los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades SI se forman por medio de prefijos que designan los factores numéricos decimales por los que se multiplica la unidad y que figuran en la columna «factor» de la tabla 5.

Tabla 5: Prefijos SI(a)
Factor Nombre Símbolo Factor Nombre Símbolo
101 Deca. da 10–1 Deci. d
102 Hecto. h 10–2 Centi. c
103 Kilo. k 10–3 Mili. m
106 Mega. M 10–6 Micro. μ
109 Giga. G 10–9 Nano. n
1012 Tera. T 10–12 Pico. p
1015 Peta. P 10–15 Femto. t
1018 Exa. E 10–18 Atto. a
1021 Zetta. Z 10–21 Zepto. z
1024 Yotta. Y 10–24 Yocto. y

Los prefijos SI representan estrictamente potencias de 10. No deben utilizarse para expresar potencias de 2 (por ejemplo, un kilobit representa 1000 bits y no 1024 bits). Los prefijos adoptados para las potencias binarias no pertenecen al SI. Los nombres y símbolos utilizados para los prefijos correspondientes a 210, 220, 230, 240, 250 y 260 son, respectivamente, kibi, Ki; mebi, Mi; gibi, Gi; tebi, Ti; pebi, Pi; y exbi, Ei. Así, por ejemplo, un kibibyte se escribe: 1 KiB = 210 B = 1024 B. Estos prefijos pueden emplearse en el campo de la tecnología de la información a fin de evitar un uso incorrecto de los prefijos SI.

Así que ahora, ya está claro y es oficial: Si lo que queremos es comprar una memoria de 100 millones de bytes, deberemos pedir una memoria de 100 Mebibytes y no de 100 Megabytes. Para obtener una información más exhaustiva sobre el tema, aunque un tanto espesa, todo hay que decirlo, podeis dirigiros a la wikipedia: Prefijo binario. Al final, todo lo que hay que saber es que, si se trata de un prefijo binario, o sea una potencia de dos, hay que poner la sílaba “bi“, de modo que un Mebibit es un “Mega Binario Bit“.

Dicho esto, hay que tener un poquito de cuidadín: no todo en informática es una potencia de dos. Así por ejemplo, las líneas de comunicaciones (Megabits por segundo, o Mbps) suelen ser auténticas potencias de diez: el IEEE 802.3 (el Ethernet de toda la vida) empezó con los auténticos 10 Mbit/s, no Mebibits por segundo, pasando luego a 100 Mbps (Fast Ethernet)  y después a 1 Gigabit por segundo= 1Gbps.

Así que si por casualidad tenéis que redactar, por ejemplo, un concurso de comunicaciones para vuestro organismo, no pongáis, por ejemplo “Se pide un enlace de de 100 mebibits por segundo” porque no existe. Estáis pidiendo una línea de 104.857.600 bits por segundo, y si lo que os ofrecen es un Fast Ethernet, que es lo más probable, no alcanzan la velocidad pedida y no podrían cumplir los requisitos del concurso.

De modo que, y ya para terminar, no sabemos si los fundadores de Megaupload le pusieron el nombre por la velocidad de sus conexiones o por el tamaño de los archivos. Si fuese por el primero, no habría mayor problema; pero si fuese por el segundo, estarían cometiendo un error, quizás a sumar a la lista  de cargos que pesan contra ellos. Podría ser, y entonces quizás el servicio debiera haber llevado un nombre más apropiado: Mebiuploads.

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Funcionario

Al pan, pan, y al vino, vino

He leído recientemente dos interesantes artículos acerca de los oscurantismos del lenguaje administrativo y legal. El primero me llegó a través de @andresninIt’s all about the words   – a vueltas con lenguaje administrativo en #egov también en UK”, y habla de los esfuerzos de la Administración Británica para que los ciudadanos entiendan claramente lo que tienen que decirles. El objetivo es que los textos que afectan al ciudadano sean:

  • Fáciles de entender
  • Fáciles de recordar
  • Que sea fácil actuar en consecuencia (cuando sea posible, porque la Administración puede ser complicada)

Y quieren ayudar a sus usuarios-ciudadanos a que entiendan fácilmente:

  • Nuestra información (¿entienden los usuarios que obtienen un beneficio X si lo piden en un plazo de 30 días desde el evento?)
  • Sus derechos, obligaciones, y reglas aplicables
  • Cómo completar sus tareas (transacción, o información)
  • Confiar en la información para que no tengan que verificarlo llamando de nuevo al soporte telefónico

Por otra parte, Sevach ha publicado un artículo titulado “Letrado: Si hubiese aplicado el terdecies habría ganado” que como siempre con notable erudición, pero al mismo tiempo humor, habla del oscurantismo y confusión de los lenguajes legales, hasta el punto que pide “que en los estudios del Grado de Derecho habrá que introducir criptografía o técnica del sudoku“.

Viene esto a cuento de la reciente publicación del “Auto 179/2011, de 13 de diciembre de 2011. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2298-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Badajoz en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público” del cual extraigo el siguiente párrafo:

De conformidad con dicha doctrina, el concepto de «cuestión notoriamente infundada» del art. 37.1 LOTC encierra un cierto grado de indefinición, el cual se traduce procesalmente en la necesidad de otorgar a este Tribunal un determinado margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, de modo que existen supuestos en los que un examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique, necesariamente, que carezca de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta resulte arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales casos resolver la cuestión en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no deseables, como la paralización de otros procesos en los que resulta aplicable la norma cuestionada (entre otros muchos, AATC 389/1990, de 29 de octubre, FJ 1; 134/1995, de 9 de mayo, FJ 2; 380/1996, de 17 de diciembre, FJ 2; 229/1999, de 28 de septiembre, FJ 2; 119/2000, de 10 de mayo, FJ 2; 46/2001, de 27 de febrero, FJ 2; 269/2003, de 15 de julio, FJ 2; 63/2004, de 24 de febrero, FJ 2; 306/2008, de 7 de octubre, FJ 3; 30/2009, de 27 de enero, FJ 4; y 54/2010, de 19 de mayo, FJ 3; así lo hemos apreciado también en ATC 85/2011, de 7 de junio, que inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con la redacción dada por el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, a los arts. 22.4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010).

Es sólo un ejemplo. El que tenga ánimo y tiempo, puede leerse las 16 páginas de que consta el auto. Yo lo he hecho.

El párrafo antedicho tiene 288 palabras. 1668 caracteres. 11 punto y coma. Un paréntesis abierto y uno cerrado. Un entrecomillado. Un punto y aparte. Esos son los datos.

Decíamos en un artículo anterior que existía una pirámide de Maslow de la información donde en la capa más baja se encontraban los datos, luego la información, luego el conocimiento y luego la sabiduría.

Aparentemente en el párrafo anterior hay muchos datos, debe haber bastante información (al menos 15 referencias normativas) pero del conocimiento no me atrevo a opinar, dado mi carácter lego en el asunto, y menos de la sabiduría que se le debe suponer nada menos que al más alto tribunal que existe en España: el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, yo debería de poder comprender sin dificultades este texto, pues me afecta. Me afecta todos los meses en mi nómina, en una cantidad cercana al 8%.

De la lectura del texto, a la que he dedicado más de media hora, podría extraer la conclusión de que el argumento fundamental es que la decisión del gobierno se apoya en una situación de urgente y extrema necesidad, que es el propio gobierno quien decide que la situación es de este tipo y que por lo tanto está justificada, pero se trataría de una interpretación mía, que quizás esté equivocada. Y, ¿quien soy yo para interpretar lo que dice el alto tribunal?.

Lo que sí estoy razonablemente seguro, sin embargo, es de que el Auto deniega que el asunto merezca el juicio y sentencia del alto tribunal. Es decir, que una cuestión que afecta directamente al bolsillo, en cantidades no despreciables, de más de dos millones de trabajadores públicos españoles, no merece ser juzgado por el Tribunal Constitucional, el último garante de la ley y el orden en España.

Y yo digo, no es que dude de tal resolución, no es que la discuta, pero, ¿no tengo al menos el derecho a entenderla?

Si sólo llamáramos al pan, pan, y al vino, vino…