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Al pan, pan, y al vino, vino

He leído recientemente dos interesantes artículos acerca de los oscurantismos del lenguaje administrativo y legal. El primero me llegó a través de @andresninIt’s all about the words   – a vueltas con lenguaje administrativo en #egov también en UK”, y habla de los esfuerzos de la Administración Británica para que los ciudadanos entiendan claramente lo que tienen que decirles. El objetivo es que los textos que afectan al ciudadano sean:

  • Fáciles de entender
  • Fáciles de recordar
  • Que sea fácil actuar en consecuencia (cuando sea posible, porque la Administración puede ser complicada)

Y quieren ayudar a sus usuarios-ciudadanos a que entiendan fácilmente:

  • Nuestra información (¿entienden los usuarios que obtienen un beneficio X si lo piden en un plazo de 30 días desde el evento?)
  • Sus derechos, obligaciones, y reglas aplicables
  • Cómo completar sus tareas (transacción, o información)
  • Confiar en la información para que no tengan que verificarlo llamando de nuevo al soporte telefónico

Por otra parte, Sevach ha publicado un artículo titulado “Letrado: Si hubiese aplicado el terdecies habría ganado” que como siempre con notable erudición, pero al mismo tiempo humor, habla del oscurantismo y confusión de los lenguajes legales, hasta el punto que pide “que en los estudios del Grado de Derecho habrá que introducir criptografía o técnica del sudoku“.

Viene esto a cuento de la reciente publicación del “Auto 179/2011, de 13 de diciembre de 2011. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2298-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Badajoz en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público” del cual extraigo el siguiente párrafo:

De conformidad con dicha doctrina, el concepto de «cuestión notoriamente infundada» del art. 37.1 LOTC encierra un cierto grado de indefinición, el cual se traduce procesalmente en la necesidad de otorgar a este Tribunal un determinado margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, de modo que existen supuestos en los que un examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique, necesariamente, que carezca de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta resulte arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales casos resolver la cuestión en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no deseables, como la paralización de otros procesos en los que resulta aplicable la norma cuestionada (entre otros muchos, AATC 389/1990, de 29 de octubre, FJ 1; 134/1995, de 9 de mayo, FJ 2; 380/1996, de 17 de diciembre, FJ 2; 229/1999, de 28 de septiembre, FJ 2; 119/2000, de 10 de mayo, FJ 2; 46/2001, de 27 de febrero, FJ 2; 269/2003, de 15 de julio, FJ 2; 63/2004, de 24 de febrero, FJ 2; 306/2008, de 7 de octubre, FJ 3; 30/2009, de 27 de enero, FJ 4; y 54/2010, de 19 de mayo, FJ 3; así lo hemos apreciado también en ATC 85/2011, de 7 de junio, que inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con la redacción dada por el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, a los arts. 22.4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010).

Es sólo un ejemplo. El que tenga ánimo y tiempo, puede leerse las 16 páginas de que consta el auto. Yo lo he hecho.

El párrafo antedicho tiene 288 palabras. 1668 caracteres. 11 punto y coma. Un paréntesis abierto y uno cerrado. Un entrecomillado. Un punto y aparte. Esos son los datos.

Decíamos en un artículo anterior que existía una pirámide de Maslow de la información donde en la capa más baja se encontraban los datos, luego la información, luego el conocimiento y luego la sabiduría.

Aparentemente en el párrafo anterior hay muchos datos, debe haber bastante información (al menos 15 referencias normativas) pero del conocimiento no me atrevo a opinar, dado mi carácter lego en el asunto, y menos de la sabiduría que se le debe suponer nada menos que al más alto tribunal que existe en España: el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, yo debería de poder comprender sin dificultades este texto, pues me afecta. Me afecta todos los meses en mi nómina, en una cantidad cercana al 8%.

De la lectura del texto, a la que he dedicado más de media hora, podría extraer la conclusión de que el argumento fundamental es que la decisión del gobierno se apoya en una situación de urgente y extrema necesidad, que es el propio gobierno quien decide que la situación es de este tipo y que por lo tanto está justificada, pero se trataría de una interpretación mía, que quizás esté equivocada. Y, ¿quien soy yo para interpretar lo que dice el alto tribunal?.

Lo que sí estoy razonablemente seguro, sin embargo, es de que el Auto deniega que el asunto merezca el juicio y sentencia del alto tribunal. Es decir, que una cuestión que afecta directamente al bolsillo, en cantidades no despreciables, de más de dos millones de trabajadores públicos españoles, no merece ser juzgado por el Tribunal Constitucional, el último garante de la ley y el orden en España.

Y yo digo, no es que dude de tal resolución, no es que la discuta, pero, ¿no tengo al menos el derecho a entenderla?

Si sólo llamáramos al pan, pan, y al vino, vino…