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Funcionario Sociedad de la Información

¿Se debe limitar el acceso a Internet de los empleados públicos?

Hacia 1450, Johannes Gutenberg, herrero alemán,  inventó la imprenta de tipos móviles. La invención de la imprenta supuso una revolución cultural en el mundo, acelerando el desarrollo del conocimiento al abaratar el acceso al mismo, permitiendo que los saberes de unos pocos estuviesen al alcance de muchos.

En 1871 Antonio Meucci inventó el teléfono, aunque lo llamó teletrófono, pero no pudo patentarlo por falta de dinero, y quien lo patentó, en 1876  fué  Alexander Graham Bell. El teléfono también supuso una revolución tecnológica pero de carácter más instantáneo, al permitir la comunicación bidireccional a distancia entre cualquier lugar del mundo.

A principios del siglo XX se realizó otro trascendental invento, la televisión, y el año que yo nací, 1956, Televisión Española comenzó sus transmisiones regulares desde el Paseo de la Habana. La televisión supuso el inicio del fenómeno de la difusión de información a nivel de masas, de forma similar, pero con mucha más fuerza, que las difusiones de radio anteriores.

A principios de los ochenta, en la época en que encontré mi primer trabajo, se diseñó y comercializó el primer ordenador personal de masas, el IBM PC, que inicialmente se usaba sobre todo para sustituir a las máquinas de escribir, gracias a sus procesadores de textos, que permitían corregir los documentos antes de escribirlos.

Las oficinas se llenaron de PCs y luego se fueron interconectando en Redes Locales, que permitían compartir documentos en unos servidores y comunicar de este modo unos ordenadores con otros. Se trataba de redes cerradas y aisladas entre sí, hasta que en los años 90, y gracias a la invención de la World Wide Web, estas redes locales se interconectaron de forma generalizada unas con otras por medio de la red de redes, Internet.

El Ministerio de Industria y Energía, en el que yo trabajaba, realizó su primera conexión a Internet en el año 1996. La conexión se realizó mediante una línea punto a punto de 64 Kbps, y a través de ella se ofrecían los servicios de correo electrónico y acceso web, tanto entrante como saliente.

Debido a la escasa velocidad de la línea a repartir entre nuestros más de 500 ordenadores personales, nos vimos obligados a limitar el acceso a Internet de los usuarios, mediante el sistema de listas blancas y listas negras: sólamente los usuarios que estaban en las listas blancas podían acceder a internet, y el acceso se permitía a todos los sitios web excepto a los que estaban en las listas negras, los cuales eran bloqueados por su peligrosidad o por su notoria inadecuación a las necesidades del trabajo que se realizaba en el Ministerio.

El principal problema que nos encontramos entonces en la elaboración y gestión de las listas blancas fué precisamente el criterio por el cual determinadas personas deberían estar en la lista blanca, mientras que determinadas otras, no. Al final era un criterio jerárquico, en el que el jefe de cada unidad decidía quienes de su unidad eran los que deberían disfrutar de ese «privilegio» y quienes, no. Sin embargo, nos acabábamos encontrando con otro problema, y era que en general todos los jefes acababan autorizando el acceso a Internet a todo empleado que lo solicitase, pues de una u otra forma, todos podian encontrar utilidad para esa herramienta para alguno de los aspectos de su trabajo en el Ministerio.

Afortunadamente, la disponibilidad de cada vez mayores anchos de banda a precios razonables, permitió en poco tiempo eliminar esa restricción, y a principios de los dosmiles, el acceso a internet era ya generalizado en todos los puestos de trabajo del Ministerio. A su vez, las herramientas automatizadas de filtrado consiguieron realizar la casi imposible tarea de mantener actualizadas las listas negras de sitios web indeseables.

Hoy, quince años después de aquella conexión pionera Ministerial a Internet, se publica la noticia de que el Gobierno planea restringir el acceso a Internet de los empleados públicos, «limitando su uso a aquellos puestos de trabajo que por el contenido de sus funciones deban utilizar esta herramienta«.

Desde luego, no parece que se trate de una medida de ahorro; ya hemos visto que este servicio hoy día, y sobre todo gracias a las economías de escala de las conexiones corporativas que utilizan los Ministerios y Organismos Públicos, no permite obtener ahorros significativos por el hecho de que unos empleados la utilicen y otros no. Más bien al contrario: el establecimiento de los controles necesarios y la gestión de las listas blancas, necesariamente incurrirá en un coste adicional, principalmente no tecnológico sino de los procedimientos y mano de obra necesarias para llevarla a cabo.

El objetivo de esta medida parece sin embargo ser que los gestores públicos puedan «garantizar la mayor eficacia y eficiencia posible fomentando la productividad del personal a su cargo”. Supuestamente, pues, Internet sería, con carácter general, una herramienta que disminuye la productividad del empleado público, detrayendo tiempo y energía de las labores principales que el funcionario debe realizar en su trabajo.

Más allá de las obvias dificultades prácticas de la implementación de esta medida, hay varias cuestiones de fondo importantes que se plantean en este momento, como las siguientes:

  • ¿Existen criterios y procedimientos, cualitativos o cuantitativos, de medida de la productividad del empleado público, que permitan establecer, en cada caso, si su productividad es superior o inferior por el hecho de disponer de acceso a Internet?.
  • Dicho de otra manera, ¿podemos establecer si, para un empleado público dado, que hoy día dispone de acceso a Internet en su puesto de trabajo, vamos a conseguir aumentar su rendimiento y productividad impidiéndole este acceso?
  • Reformulando de nuevo la cuestión, ¿no sería mejor que, en lugar de implantar un conjunto de políticas restrictivas sobre las condiciones y medios de trabajo de los empleados públicos, con la supuesta intención de aumentar su rendimiento, se establecieran de una vez los métodos de trabajo por objetivos, tanto individuales como de equipo, se evaluase el rendimiento en base a la consecución de esos objetivos, como prescribe el EBEP, y se dispusiesen los medios adecuados para alcanzarlos, entre ellos los medios informáticos, y específicamente los relacionados con el acceso a las redes de comunicación mundiales a través de Internet?.

Al final, Internet, como lo fué la Imprenta, el Teléfono, la Televisión, o el Ordenador Personal, no dejan de ser herramientas tecnológicas. Pero herramientas muy poderosas, que han transformado y continúan transformando la humanidad. Como todas las herramientas, se pueden usar positiva o negativamente, para el bien o para el mal. El avance social no se produce estableciendo su potencial carácter maligno y limitando su uso, sino más bien al contrario, explorando sus posibilidades y aprovechando lo mejor posible su utilización en beneficio de todos.

Por Felix Serrano

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14 respuestas a «¿Se debe limitar el acceso a Internet de los empleados públicos?»

Desde mi punto de vista limitar el acceso a internet es contraproducente y no deja de ser una medida arbitraria.

Si se quiere que los funcionarios no visiten páginas inadecuadas o reduzcan su tiempo en internet es mejor usar la «cabezología», es decir, hacerles notar que están siendo monitorizados mediante un aviso cada 15 días en un portal cautivo, o similar. Así se consigue que cada persona se controle. También se han conseguido buenos resultados enviando un correo al top 10 de los que navegan o publicando listas del top 10 de los sitios visitados por el top 10 de los empleados que navegan. El caso es hacer notar a los empleados que se sabe lo que hacen e inducir que se controlen.

De todas formas el problema de la eficiencia del empleado público es otro, creo, y tiene mas que ver con el trabajo por objetivos, el control del desempeño y la motivación.

Gracias Guillermo por tu comentario. Veo difícil aplicar las medidas que comentas sin un estudio jurídico y seguramente una normativa con al menos rango de ley, ya que atentaría contra la privacidad de las comunicaciones, y quizás también contra la LOPD.

Este tipo de medidas siguen siendo medidas restrictivas, pero brillan por su ausencia las medidas productivas, como por ejemplo determinar en qué grado ayuda a cada empleado el acceso a Internet, y cómo eso puede aumentar su productividad.

Estoy probando una herramienta llamada Workmeter, que parece que tiene métricas de este tipo. Ya os contaré.

Como siempre, los cargos políticos solo pretenden vender humo a su electorado. Si quieren mejorar la Administración, ¿qué tiene que ver la navegación por Internet? Supongamos que aplican eso que dice el compañero del top10 de internautas en la oficina… ¿Y si en el top10 sale el Jefe y el asesor, también lo veremos el resto de la plantilla o solamente lo veremos cuando salgan los remeros?… Es que esto va a ser tan inútil (y hasta contraproducente) como el proyecto por el cual se nos quitan días de asuntos propios o vacaciones ganados por antigüedad. Como si una persona de más de 50 años que nunca ha estado de baja fuera a ser más productiva por quitarle unos días al año frente a otro que está de baja medio año o no hace nada durante el año entero. Ridículo a más no poder. Si estas son todas las medidas reformistas que se proponen hacer, se podría resumir su éxito por adelantado en términos de productividad real en nulo o incluso negativo, aunque les dará votos y, claro, eso es lo que cuenta…
Quiero traer aquí a colación el ejemplo del Ayuntamiento de Torrelodones donde se ha demostrado que solo con utilizar recursos funcionariales, recortando gastos protocolarios, cargos de confianza, cochecitos y chóferes a tiempo completo, se puede alcanzar una mayor eficiencia e incluso, tener superávit.
Por supuesto, hay que ir a una administración moderna guiada por objetivos de producción y gestión transparente de los recursos humanos y dejarse de tratar a los empleados públicos como si fueran unas veces presos y otras, el margen del enchufismo al que todo cargo político cree que tiene derecho.

Gracias Internauta por tu comentario.

En efecto, estas medidas sólo se explican desde el punto de vista de la concepción del funcionario como un recurso cuyo coste hay que minimizar, pero sin analizar los resultados que puede o podría llegar a ofrecer.

1. La productividad de un empleado también depende de la intensidad de inversión en capital en dicho empleado (aka. el número y calidad de las herramientas a su disposición).
2. Ninguna empresa (u organismo público) accede a internet sin un proxy que filtre las «páginas no deseables». El establecimiento de una buena política de acceso a Internet es el paso previo a su buen uso.
3. ¿Por qué en todo organismo hay aplicadas listas blancas a las que no afecta esa política de restricciones y, casualmente, sólo contienen a altos cargos?¿Tan «originales» son sus necesidades?
Resumiendo: patético, a tono con nuestros «lideres».

No es tan simple, Jose Luis. A veces los sistemas de filtrado no son perfectos, y suelen pecar de «exceso de celo» sobre todo cuando son sistemas automáticos basados en algoritmos heurísticos. En otras palabras, a veces bloquean sitios web porque una de las páginas ponga «sensual», siendo a lo mejor un sitio de cocina. O «corrida» siendo un sitio de toros.

Ya sabéis que los sistemas de filtrado tienen origen anglosajón y allí son muy mirados con estas expresiones.

Quizás en algunos sitios usen las listas blancas con el objetivo de que los Altos Cargos no les salgan esos mensajes prohibiendo el acceso por contenido inadecuado.

Sin embargo en la nueva propuesta es diferente, se trataría de prohibir el acceso a todo el mundo a Internet, salvo que demuestren, uno a uno, que lo necesitan para hacer su trabajo.

En todo caso la filosofía de fondo de esta propuesta es que los empleados producirán más cuanto menos Internet les dejemos usar, tesis con la que no estoy de acuerdo.

Perdón, pero… ¿me he perdido algo?
¿Que no se limita ya, o qué?

Yo soy funcionario y:
1.- en mi anterior puesto manejaba los sistemas de filtrado de internet para limitar el acceso a según qué contenidos y protocolos; y me daba mucho trabajo.
2.- en mi puesto actual, en un centro distinto, también tenemos limitado mucho internet.

Repito: ¿que no se limita ya?

Más humo para lo que se nos viene encima.

Hola CH, estás hablando de limitaciones por contenidos y protocolos, las cuales son habituales por motivos de seguridad y de eficiencia.

Mi artículo habla de otras limitaciones, que son de las personas que podrían tener acceso a Internet, y las que no. No es por tanto una limitación de carácter técnico.

Bueno… las limitaciones de las que hablo también se aplican a «según quién»; los jefes pueden ver todo el contenido y todos los protocolos.
Pero entiendo que a lo que te refieres es a un corte total de la conexión. ¡Qué ajco, copón!

Vale, lo apoyo si también se cortan los accesos a juegos e internet en los ipaf y ipof… (qué país…)

Ya puestos… que desconecten también los teléfonos (móviles y fijos) y como bien dice CH, cualquier otra forma de Internet por móvil. Es curioso pero desde que existe Internet las oficinas son más silenciosas, y es que parte de las comunicaciones totalmente privadas que antes se hacían necesariamente por teléfono ahora se realizan con bastante frecuencia por Internet. El uso del medio posibilita comunicarse, lo que no tiene nada que ver con la búsqueda de contenidos. Imagino que técnicamente se puede prohibir uno y no el otro pero ¿no sería más fácil y económico mandarnos a casa a trabajar?… Podríamos fumar «en la oficina», «usar cualquier página de Internet» y hacer nuestro trabajo cuando nos viniera bien sin otro condicionamiento que el cupo de trabajo, ahorrando encima costes. Pongan los límites que pongan, nada de esto parece demostrar que les preocupe de verdad lo que hacemos ni los costes, sino sólo el cómo y el cuándo; incluso aunque lo que se haga sea nada, siempre que se haga cómo quieren y cuándo quieren, será perfecto!

Encuentro muy interesante y valioso tu artículo. Sin duda se trata de otro anuncio de cara a la galería sin ningún sentido, que no se puede aplicar al pié de la letra (porque resultaría contraproducente y al final como bien decís no constituiría ningún ahorro). Es tan estúpido como suprimir los teléfonos para evitar que el funcionario haga mal uso de él, o ya puestos, quitarle el ordenador por si le dá por jugar al solitario, o suprimir los bolígrafos por si se le ocurre ponerse a hacer un crucigrama. Como todo, el mal uso es el que hay que controlar, y cuando proceda, sancionarlo. Pero aparte de los problemas legales (que no son irresolubles, es tan fácil como que el empleado firme un acuerdo de confidencialidad para el cumplimiento de la LOPD, en el que acepte que el destino de sus comunicaciones telemáticas podrá ser monitorizado, aunque no el contenido de las mismas), la sanción por sí sola no solucionaría el problema, pues sólo se aplicaría en los casos más flagrantes.

Por lo que, en mi opinión, el sistema de productividad por objetivos es el que mejor ayudaría a incentivar la conciencia productiva de cada uno, a la vez que evitaría el mal uso de los recursos con los que disponemos para hacer nuestro trabajo, siendo hoy día uno de vital e irrenunciable importancia Internet.

Pocos servicios quedarán donde no se requiera algún tipo de aplicación vía web, correo electrónico o simplemente acceso a la web de correos para comprobar envíos y códigos postales… más pan y circo.

En fin, más y más medidas populistas que no llevan a ninguna parte. También tendrían que impedir que los empleados públicos asistieran al trabajo sin su móvil particular. Claro que, visto lo visto, tal vez las autoridades estén pensando en la novela «1984».

[…] Aparte de ésto, el año 2012 se ha caracterizado para los TIC de la AGE, y para los funcionarios en general, como un año de duros ajustes y recortes, no sólo en lo económico (supresión de la paga extra de navidad, congelación de sueldos), sino también en las condiciones de trabajo (eliminación de la mayor parte de los días de libre disposición), y sigue habiendo rumores de endurecimiento en las condiciones laborales y en los horarios del personal al servicio de las AAPP. Por si fuera poco, también se han comenzado a aplicar medidas limitativas en el uso de servicios básicos como las llamadas telefónicas o el acceso a internet de los empleados públicos. […]

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