Administración 1.5

En el anterior post veiamos el largo camino que nos conduce hacia la e-Administración 1.0. Porque esta e-Administración, que yo etiqueto como 1.0, no es ni más ni menos que una evolución de las redes, sistemas, aplicaciones y servicios públicos, tecnificándolos, reemplazando medios, pero manteniendo su diseño y filosofía. Es decir, nada nuevo en el fondo, excepto un cierto perfume de modernidad.

Porque, ¿dónde estamos ahora?.

En una encrucijada.

Nuestro post «eGovernment Benchmark Survey 2007 » se hace eco del análisis de la Comisión Europe, realizado por Cap Gemini, sobre el avance de los servicios públicos electrónicos. Quizás a algunos les puedan tranquilizar las cifras que se ofrecen sobre España (70% en disponibilidad de servicios y de 84% en sofisticación) pero a mi no me satisfacen por varias razones.

Para empezar, la situación es muy desigual. En lo que se refiere a la prestación de servicios públicos electrónicos, todos estamos haciendo cosas, pero el grado de avance y el porcentaje de disponibilidad de los trámites del órgano administrativo competente es muy variable.

Así por ejemplo, en casos de excelencia como la siempre citada AEAT, o el mismo Ministerio de Industria, y algunas de las más avanzadas Comunidades Autónomas (Cataluña, Euskadi, …), ayuntamientos con mucho músculo como el de Madrid, o el de Fuenlabrada, por poner algunos ejemplos (sé que me dejo muchos en el tintero), no cabe duda de que están en la brecha, son el ejemplo a seguir.

Pero, ¿están todas las administraciones a este nivel?. Evidentemente, no. Además, servicios básicos para el cuidadano, como el acceso a los diversos Registros (Registro Civil, Padrón de habitantes, …) y otros trámites comunes como la renovación del carnet de conducir aún no están en Internet, aunque se anuncian.

Porque no debemos olvidar que el análisis de Cap Gemini citado se ocupa sólo de los 20 servicios básicos, y que el rango de servicios que ofrecen las administraciones es muy superior. Siempre estoy a favor de los análisis comparativos, en el tiempo y con nuestros compañeros, pues tienen un importante efecto tractor. Pero en este caso a mi me gustaría ir un poco más allá.

Por ello quiero hablar del uso real de esos trámites electrónicos que hacen los ciudadanos o las empresas. En la misma página de la Comisión aparece el i2010 annual Report 2007 for Spain. Las cifras que ofrece, del año 2006, es que un 23,8% y un 58,1% de los cuidadanos y empresas, respectivamente, han utilizado los servicios de e-Administración, pero sólo el 7% de los ciudadanos de forma interactiva, y 38% de las empresas en forma intercativa (han rellenado algún tipo de formulario). Es decir, que uno de cada cuatro ciudadanos y una de cada dos empresas sabe que el Ministerio, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento que sea tiene página web y ha acudido a ella en busca de información, y probablemente la haya encontrado (no sé los datos, pero quizás sólo los hits en el BOE puedan ya dar cuenta de esta estadística) . Y sólo uno de cada catorce y una de cada tres empresas han interactuado al menos una vez al año electrónicamente con las AAPP.

De hecho, estamos en una situación de transición, que se complicará en los próximos años. Ahora para cada trámite electrónico que ponemos en línea acabamos teniendo que soportar dos caminos, el tradicional y el del papel. Esto no sólo produce más trabajo para los encargados de gestionar el trámite y de los encargados de proveer los medios para ello. También produce desajustes entre ambos caminos que es preciso reconciliar de una manera u otra. Y para colmo, muchas de las teóricas ventajas de la electronificación del trámite se pierden por el hecho de mantener la doble vía.

Pero no queda otro remedio, la ley 11/2007 LAECSP lo deja bien clarito en su artículo 6, a partir del 31 de diciembre de 2009, todos los trámites de la AGE deberán estar disponibles electrónicamente, y los de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos «siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias».

Hay excepciones a la doble vía, por supuesto. Las ayudas a la I+D para proyectos de TIC convocadas por el MITYC por ejemplo ya se tramitan exclusivamente por vía electrónica, con obligatoriedad de uso de firma electrónica. Para ello se apoya en un Registro de Entidades que realizan actividades de I+D. También tenemos casos como el Servicio de Licitaciones Electrónicas de la Generalitat de Catalunya, que también se apoya en un Registro Electrónico de Empresas Licitadoras. Está claro que ambos casos son posibles por la naturaleza opcional del trámite, pero cuando el trámite tenga caracter obligatorio, como por ejemplo las tasas o impuestos, no podremos en principio contar con esa ventaja.

Las empresas españolas, además de salir estupendamente retratadas en los indicadores del informe eGovernment, están de suerte, ya que están recibiendo un importante empuje en los programas de apoyo del Plan Avanza, y especialmente en ámbitos como la Factura Electrónica no cabe duda de que se está echando el resto. Así por ejemplo la recientemente publicada Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en la Disposición final novena, establece un plazo de un año para que se publiquen las normas que permitan el uso generalizado de la e-factura para todas las empresas con las que contrate la administración, tres meses después será obligatoria para las empresas grandes, y dieciocho meses después para todas las empresas.

En fin, para ir concluyendo este post está claro que «algo se mueve» en la e-Administración, razón por la que me atrevo a aventurar, por hacer una apuesta positiva, que estamos en la Administración 1.5.

Pero, ¿estamos ya en la Administración 2.0?.

Mmmm… todavía no.

Pero eso lo veremos en el siguiente post.