En los comentarios al interesante post de Rosa Cobos «La crisis y la ley 11/2007«, decía yo que probablemente parte de los 8.000 millones que acaba de destinar el gobierno a financiar obras en los ayuntamientos serán detraidos de otras inversiones de mayor carácter tecnológico, concretamente de las necesarias para poner en marcha la Ley 11/2007. Dicho esto, y tras una lectura detenida del Real Decreto Ley por el que se aprueba el denominado Fondo Estatal de Inversión Local, me han llamado la atención algunas cuestiones peculiares:
- Aunque en ningún punto del Decreto Ley se cita la palabra subvención, para mí es obvio que se trata de subvenciones. Según la Ley General de Subvenciones son subvenciones las entregas dinerarias para la consecución de un determinado proyecto de interés público, incluso entre administraciones, excepto para la financiación global de la actividad de cada ayuntamiento, que obviamente no es el caso, pues se trata de proyectos no cubiertos ya en el presupuesto de la entidad para 2009.
- Al no aplicarse la Ley, quedan en suspenso muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hay dinero para todas las solicitudes?. Aparentemente, se dará dinero hasta que se acabe. Al no existir proceso alguno de valoración, el criterio será «el que vaya atrás que arree«, o sea, dar el dinero según lo vayan pidiendo hasta que se agote. Este procedimiento es justamente el contrario al exigido por la LGS en la definición del los procesos selectivos por «concurrencia competitiva»
- De igual modo, no se sabe muy bien si una determinada solicitud cumple o no los requisitos ni tamopoco se prevén mecanismos de subsanación o alegación. La aprobación o no de una solicitud queda en mano de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, sin criterio objetivo alguno y de forma totalmente opaca, que deja mano libre para aplicar cualquier discreccionalidad que se les antoje.
Dicho esto, permanece la cuestión de fondo, que es la siguiente: tenemos una crisis económica que se ha producido, principalmente, por un desequilibrio entre las necesidaes reales de crecimiento inmobiliario y la presión especulativa en éste sector. En otras palabras, por destinar el dinero al sitio donde no era necesario ni producía beneficios a largo plazo. Entonces el gobierno, en lugar de replantearse si el dinero está mejor destinado al ladrillo o a sectores potenciadores de futuro como pueden ser la I+D y la tecnología, va y abunda más aún en la financiación de unas obras que, ni estaban previstas, ni se pueden diseñar bien y con tiempo suficiente, lo cual hará que el destino final de ese dinero sea de dudosa utilidad pública.
Aunque quizás, como se dice en las tertulias, se trata únicamente de que esos albañiles que estarían cobrando el paro, se dediquen en su lugar a hacer algo útil. Un parche más. Pan para hoy y hambre para mañana.
Por cierto, justamente hoy se abre en el MAP la aplicación Metrópolis 1.0 para la tramitación de las solicitudes. Se requiere un certificado digital reconocido por cualquiera de las entidades oficiales de certificación nacionales, o del DNI electrónico, para poder acceder a la misma.
Aunque he intentado entrar, después de instalar varios componentes y aceptar varios avisos de seguridad «confiando en un editor desconocido» finalmente no lo he conseguido. Me da éste error:
eFuncionario 
4 respuestas a «La utilidad de los 8.000 millones para los Ayuntamientos»
A mí las palabras «obra pública» en el ámbito local no me suenan del todo bien. A ver si consigo explicarme. Los ayuntamientos hacen obras mediante la firma de contratos con empresas privadas.
La nueva ley de contratos (si no me equivoco) permite, atendiendo a ciertos criterios, adjudicar una obra directamete a una empresa sin que medie concurso .
A raíz de esto resulta más cómodo para el ayuntamiento adjudicar directamente la obra que realizar un concurso. Pero ¡qué casualidad que las empresas adjudicatarias sean siempre las mismas! (dos o tres dependiendo del tamaño del municipio). Al final, caes en la cuenta de que los beneficios no son para todos por igual.
Sinceramente, a mí esto me mosquea un poco.
Pues Rosa, en mi experiencia en la contratación con proveedores, en este caso en el área informática, se da con frecuencia que un cierto número de ellos repiten contrato. Creo que se debe a dos causas: por un lado mejor conocimiento del negocio y de la materia que ya tienen puesto que han sido contratados con anterioridad, y cierta inercia a «mas vale lo malo conocido» que tenemos los funcionarios.
En ese sentido, con la ley de contratos antigua y con la nueva, siempre es posible «tunear» el procedimiento para obtener los resultados deseados. Ojo que no estoy diciendo que se haga siempre, ni siquiera en la mayor parte de los casos: lo que digo es que siempre es posible.
Pero lo que yo critico de esta medida de financiación a los ayuntamientos son otras cosas: primero el apresuramiento con que se ha diseñado e implementado, lo cual me huele a la típica chapuza y que por obra y gracia de su mala implantación, reduce su eficacia.
Y en segundo lugar, que su verdadero objetivo no es la mejora de obra pública sino la reducción del paro.
De modo que sencillamente me parece dinero malgastado.
Además, la crisis actual no ha surgido en seis meses, aunque al gobierno, por su forma de proceder, le pueda parecer eso. Por lo tanto, las medidas de corrección no deben ser cortoplacistas y apresuradas: deben hacerse con visión y alcance.
Habrá que echar cuentas de cómo queda repartida la pasta en función del color político de las corporaciones.
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